Las denuncias por «adoctrinamiento catalanista» en Valencia llegan al Ministerio de Educación

«En el ejercicio de la autonomía pedagógica, corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos adoptar los libros de texto y el resto de materiales que hayan de ser utilizados en el desarrollo de las diversas materias».

La respuesta de la Inspección General de Educación de la Generalitat ante las quejas por contenidos en los libros de texto que vulneran el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana ha obligado a los colectivos denunciantes a buscar amparo en otras instituciones, como la Sindicatura de Greuges o el propio Ministerio de Educación.

Ese es el camino de la denuncia remitida a la Inspección Educativa de la Generalitat por el «adoctrinamiento catalanista» del Departamento de Valenciano del Insitituto de Educación Secundaria La Melva de la localidad alicantina de Elda, que se suma a un rosario de quejas de padres de alumnos recabadas en los últimos meses por la Plataforma Valencianista PLV.

De hecho, "Jaime I, Rey de Cataluña y Aragón", la "Corona catalanoaragonesa" o "Pedro el Cerimonioso, Rey de Cataluña" son algunas de las tergiversaciones de la historia que estudian escolares de la Comunidad Valenciana recapituladas por la entidad, cuyo portavoz, Álex Esteve, ha remitido "varias decenas de casos" a la Inspección General Educativa de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, que en una contestación fechada el pasado 16 de diciembre argumenta que "en el ejercicio de la autonomía pedagógica, corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos adoptar los libros de texto y el resto de materiales que hayan de ser utilizados en el desarrollo de las diversas materias". El escrito remitido por la Inspección recalca que "la edición y adopción de los libros de texto no requieren de la autorización previa de la Administración educativa".

Ante tal constestación, la Plataforma ha optado por tramitar las quejas ante la Sindicatura de Greuges de la Generalitat y la Inspección del Ministerio de Educación. El Defensor del Pueblo Autonómico tramitó a finales del pasado año treinta quejas por «adoctrinamiento» en los centros públicos, similares al último caso denunciado en un instituto de Elda, ante el que la Plataforma reclama a la Conselleria que «desautorice estas campañas de adoctrinamiento y alienación identitaria antivalenciana».

Entre los casos concretos remitidos figuran sendos libros de texto de Tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que se emplean este curso en centros públicos de las localidades valencianas de Horno de Alcedo y Oliva, en los que se cita a Jaime I como "Rey de Cataluña y Aragón", y se hace referencia a la "Corona catalanoaragonesa", en ambos casos inexistentes. La entidad que denuncia la presencia de " contenidos claramente adoctrinadores y manipulados" ya que, explican, "ni existió corona “catalanoaragonesa” alguna, sino Corona de Aragón, ni Cataluña fue reino, pues no existió hasta 1521 y era condados divididos anteriormente".

Otras de las reclamaciones hacen referencia al "incumplimiento" del Estatuto de Autonomía, que establece que "la lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano" y que "el idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano". Los libros de textos, sin embargo, sitúan a la Comunidad Valenciana en el área de "habla catalana".

La Inspección Educativa sostiene que "no tiene competencia en materia lingüística" y tramitó los escritos de la Plataforma al "órgano competente".

En este sentido, las quejas de los padres también han tenido repercusión política. De hecho, el grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas presentó una Proposición no de Ley (PNL)en la que instaba al Gobierno autonómico a "articular un grupo de inspectores de educación con el objetivo de supervisar los libros, unidades didácticas y material educativo que puedan contener textos que vulneren la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana". La PNL fue rechazada con los votos del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos.