tribunal superior de justicia
Torra calla ante el juez en la segunda causa por su desafío con las pancartas partidistas
El «president», sin apoyo popular a las puertas del TSJC, alega ser víctima de la «represión»
Quim Torra inhabilitado por el Tribunal Supremo
Tres minutos, eso es lo que ha durado esta mañana la comparecencia de Quim Torra ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en su segunda causa por desobediencia al retirar a destiempo las pancartas partidistas del balcón del Palacio de la Generalitat. Torra, que todavía está pendiente de si el Tribunal Supremo lo inhabilita por la primera de las causas, ha decidido este miércoles acogerse a su derecho a no declarar ante el magistrado Carlos Ramos. Y lo ha hecho escudándose en que, según él, la decisión del tribunal ya está tomada y dice ser víctima de una supuesta represión del Estado contra el movimiento independentista.
Esta causa es el segundo proceso judicial al que se enfrenta por desobediencia con las pancartas, tras la que le condenó a una inhabilitación para ejercer cargos público (también en el TSJC y cuyo recurso estudia el Tribunal Supremo) de un año y medio y una multa de 30.000 euros. Cuando declaró por el primer caso ante el tribunal, Torra sí que accedió a declarar -tanto en su comparecencia como imputado como luego en el juicio- a preguntas del magistrado y de su abogado, Gonzalo Boye, aunque no del fiscal, Francisco Bañeres. Hoy ha cambiado de estrategia y su letrado tampoco le ha planteado preguntas. Según han explicado fuentes judiciales, los tempos han sido los siguientes: el magistrado le ha recordado los hechos de los que se le acusa, Torra se ha negado a declarar amparándose en esa supuesta persecución al secesionismo y a los tres minutos ya estaba fuera de la sala. Luego, se ha trasladado al Palacio de la Generalitat para en una también breve comparecencia institucional presumir de las palabras pronunciadas ante el magistrado .
Fuentes de la defensa han explicado que si Torra esta vez no ha querido contestar a ninguna de las partes -tampoco de la acusación popular, ejercida por Impulso Ciudadano- ha sido porque consideran que la sección quinta de la Sala Contencioso Administrativo del TSJC no es el órgano competente para tramitar un recurso como el que obligó al presidente a retirar la pancarta de la fachada de la Generalitat. Un evidente cambio de estrategia, pues en la otra de las causas alegaron que entonces tampoco la Junta Electoral Central (JEC) era la competente para dar esa orden al presidente de la Generalitat y, sin embargo, en aquella ocasión Torra sí que decidió contestar a las partes (menos a la Fiscalía).
Que Torra no despierta fervor popular entre la parroquia independentista lo demuestra el escaso arropo que los ciudadanos le han brindado a su llegada al TSJC. Solo una docena de incondicionales que portaban, entre otras, una que contradictoriamente le aseguraba que «no estás solo». Eso sí, le ha secundado el presidente del Parlamento catalán, los principales cargos de su gobierno y los líderes de los partidos y las entidades independentistas. Y poco más.
El «president» había sido citado a declarar de nuevo como investigado este miércoles, mientras el Supremo sigue meditando si confirma la condena a inhabilitación por desobediencia que le impuso el TSJC. En su segunda causa por desobediencia, Torra es investigado por negarse a acatar, en septiembre pasado, una orden de la sala contenciosa del TSJC que le obligaba a retirar una pancarta a favor de los políticos presos del Palacio de la Generalitat, de forma permanente, y no solo en campaña electoral como en la primera de las causas.
Con un ojo en el Supremo
La actual es la segunda imputación por desobediencia a la que responde, después de que fuera condenado a un año y medio de inhabilitación por negarse a acatar una orden de la Junta Electoral Central para que descolgara una pancarta de apoyo a los políticos presos y cuyo recurso está estudiando el Supremo. Según ha podido saber ABC de fuentes jurídicas, esa sentencia todavía no está ni redactada ni deliberada, con lo que es poco probable que se dicte esta misma semana.
A las puertas del TSJC, José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, asociación que ha ejercido como acusación popular en esta segunda causa, ha lamentado que este no haya declarado y no haya dicho «por qué desobedeció». Domingo ha recalcado que no se está enjuiciando la libertad de expresión, sino «un delito de desobediencia judicial» .
«Lamentamos que hoy aquí se esté enjuiciando al presidente de la Generalitat, porque en modo alguno queremos que el presidente de todos los catalanes esté respondiendo a un comportamiento que ha sido absolutamente contrario a los principios básicos de convivencia, como son el respetar la neutralidad de las instituciones», ha afirmado.
