Junqueras, sobre la malversación en el 1-O: «No se puede producir si no hay una pérdida de la confianza»

La defensa del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras considera que el dirigente republicano no cometió ningún delito de rebelión, sedición o malversación. Según consta en su escrito de cara al juicio que empezará este mes para juzgar a los responsables del referéndum ilegal del 1-O, el antiguo número 2 de Puigdemont debería ser absuelto.

«Las conductas atribuidas a mis mandantes (Junqueras y también el exconsejero de Exteriores, Raül Romeva ) inciden claramente en el ejercicio de derechos fundamentales básicos que, más allá de generar -en la peor de las hipótesis- dificultades en el desarrollo de actuaciones de la autoridad toleradas por cualquier concepción democrática de estos derechos, no estuvieran nunca orientadas a impedir el ejercicio de funciones públicas o de la autoridad», apunta el escrito, al que ha accedido TV3.

En cuanto al delito de malversación , la defensa tampoco ve que se haya producido. El argumento del equipo legal de Junqueras es curioso. «No se puede producir (malversación) si no hay una pérdida de la confianza ciudadana en la administración de dineros públicos. En este caso era el mandato ciudadano -según dicen- el que pedía hacer el referéndum y, por tanto, destinarle una inversión », apuntan los abogados de Junqueras, hoy en prisión provisional.

Por otra parte, el exvicepresidente acusa a Mariano Rajoy de haber creado una estrategia de persecución policial a una ideología legal. «Esta causa es un ejemplo de instrumentalización del proceso penal para la persecución de un movimiento que, pacíficamente, anhela un objetivo político legítimo en democracia». Asimismo, apuntan también al Tribunal Constitucional por « criminalizar » los debates sobre la secesión realizados en el Parlamento de Cataluña.

Finalmente, Junqueras y Romeva afirman que nunca abandonaron su voluntad de dialogar con el Gobierno y aseguran que solo actuaron unilateralmente una vez, cuando convocaron el 1-O. Así las cosas, no consideran que la «proclamación» de la república catalán del 10 y el 27 de octubre fueran acciones unilaterales.