La Generalitat insiste en que los funcionarios hagan fiesta el 6-F para arropar a Mas

Como ya hizo hace dos días, la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha vuelto a animar este jueves a los funcionarios a pedir fiesta en el trabajo el próximo 6 de febrero para ir a apoyar al expresidente de la Generalitat Artur Mas, y a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau en el juicio por la celebración del 9N.

La consejera ha defendido de nuevo que los funcionarios puedan cogerse un día de asuntos propios para sumarse a la movilización prevista por las entidades soberanistas, que ya hace semanas que están preparando con una campaña.

"Pues sí, ante la pregunta que me hicieron de si vería bien que cogieran un día de asuntos propios para ir a apoyarle dije que sí, y sí, lo vería bien e incluso necesario", ha defendido en respuesta a una interpelación en el pleno del Parlament del diputado y representante de C's en la Mesa de la Cámara catalana, José María Espejo-Saavedra, que ha calificado de vergonzoso que Borràs defienda algo así, teniendo en cuenta que los empleados públicos dependen de ella.

La consellera ha dicho que es su opinión y la seguirá defendiendo --"y si no le gusta o le escandaliza, me sabe mal, pero es así"--, y ha destacado que no puede tolerarse que se judicialice una cuestión política y se lleve a los tribunales a un representante que lo único que defiende es que los ciudadanos puedan votar.

«Claca de una opción política»

Espejo-Saavedra ha acusado a Borràs de utilizar políticamente a los funcionarios y le ha preguntado si "no le da vergüenza el uso de funcionarios como claca de una opción política". Además, ha exigido que concrete si dará alguna orden contraria a la Constitución a los trabajadores públicos para hacer el referéndum.

Sobre eso, Borràs ha garantizado que los funcionarios catalanes seguirán trabajando con "tranquilidad e independencia" en el despliegue de la hoja de ruta independentista y la celebración de un referéndum, y ha acusado a C's de intentar inocularles miedo con proclamas falsas como que se quedarán sin empleo y que incumplirán la ley si permiten la celebración de un referéndum.

"A día de hoy, y seguirá así, no hay ninguna amenaza sobre los trabajadores públicos", ha defendido la consellera, que también ha recordado que los sindicatos mayoritarios de los funcionarios se adhirieron al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

Ha defendido que el Govern no ha puesto ni pondrá en riesgo a ningún trabajador público ni redactará instrucción alguna que les invite a incumplir la legalidad: "No haremos otra cosa que hacer las cosas bien hechas, con toda garantía para los funcionarios".