La Generalitat avalará con fondos públicos las fianzas del Tribunal de Cuentas por el 'procés' exterior del 1-O

Los consejeros de la Generalitat de Cataluña Laura Vilagrà (ERC), de la Presidencia, y Jaume Giró (Junts), de Economía y Hacienda, han explicado este martes que el Govern catalán avalará con dinero público las fianzas que el Tribunal de Cuentas ha establecido contra 34 altos cargos autonómicos, incluidos Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, por la acción exterior del 'procés' del 1-O: 5,4 millones de euros.

El Govern catalán ha aprobado, en la reunión ordinaria de este martes, un decreto-ley por el que se crea el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (Fcrcat), con una cantidad inicial de 10 millones de euros, para cubrir las obligaciones legales que se reclaman a los trabajadores públicos en un proceso judicial o administrativo, por acciones que hayan llevado a término en el ejercicio de su cargo o de sus funciones y que no estén cubiertas por las pólizas de responsabilidad civil, patrimonial y contable de la Generalitat.

Giró ha explicado que será a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), la entidad financiera pública de la Generalitat, desde donde se gestionará el fondo Fcrcat. Para poder adherirse al mismo, los beneficiarios tendrán que cumplir tres condiciones: que no haya resoluciones firmes que declare ilícitas sus actuaciones, que el riesgo no esté cubierto por otro seguro de la Generalitat y que la administración autonómica catalana no haya iniciado acciones judiciales contra la persona afectada.

El nuevo fondo de dinero público se ha creado 'ad hoc' para liberar de las fianzas a los afectados por el caso de la acción exterior del 'procés' del 1-O en el Tribunal de Cuentas, que se suma a la del 9-N (4,9 millones de euros ya afianzados) y el referéndum del 1-O (4,1 millones de euros también afianzados), pero a este fondo, según ha informado Vilagrà, se podrá adherir cualquier persona que lo considere oportuno y se vea afectado por el 'procés'.

Los que se consideren afectados tendrán que presentar una solicitud y la Generalitat verificará si cumplen las tres condiciones. Posteriormente, la administración pública avalará, a través del ICF, el dinero en una entidad financiera privada para que sea esta la que deposite la cifra, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas. Finalmente, si hay una «sentencia firme y agotadas las vías nacionales e internacionales», el beneficiario deberá devolver el dinero avalado (con intereses y gastos de gestión) por el ICF.

Según Giró, con esta gestión el actual Govern catalán evita la malversación y la prevaricación pues, ha asegurado, «no hay desplazamiento patrimonial» de la Generalitat y esta «nunca perderá un euro»; pese a que el aval del ICF sí quedará retenido por las entidades financieras el tiempo que dure todo el proceso. Durante la rueda de prensa, el responsable de las finanzas de la Generalitat no ha querido informar de qué partidas de los presupuestos saldrán los 10 millones de euros: «El dinero está en muchas cajitas, pero en una caja única».