Un empresario del 3% señala a CiU como destino de la mordida

Las malas noticias se acumulan para la vieja Convergència. El caso del 3% en su versión originaria -el que destapó Pasqual Maragall en 2005 con aquel premonitorio «ustedes tienen un problema, y se llama 3%»- vuelve del pasado para echar una nueva palada de sospechas sobre CDC y sus herederos del PDECat. Un pequeño empresario, Juan Antonio Salguero, declaró ayer en la Audiencia de Barcelona, donde se juzga el también conocido como caso Adigsa, que las mordidas que se pagaban para poder optar a los concursos de la empresa de vivienda de la Generalitat eran del 20%, y que el destino de las mismas era CiU.

Primero ante el tribunal, y luego ante los periodistas, Salguero explicó además que advirtió de ello directamente a través de un correo electrónico al expresidente Artur Mas, entonces en la oposición, y que lo único que consiguió con ello es que una responsable de prensa y el exdirigente de CiU Ferran Falcó -que llegó a estar imputado, aunque su caso se archivó- le visitasen para pedirle que se callara.

Fue, de hecho, lo que le llevó a denunciar el caso ante la Fiscalía.

Sobre el destino de las mordidas, Salguero señaló que en su momento José María Penín - acusado en el caso y pariente del exconsejero Felip Puig- le dijo que ese dinero iba «para arriba», lo que él entendió como una alusión a CiU.

Salguero es el único de los siete acusados en el caso que no ha aceptado el pacto de conformidad con la Fiscalía. Los seis que sí ratificaron ayer ante el tribunal el acuerdo por el que admiten los delitos prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial, al devolver los 120.000 euros que se estima que desviaron, evitarán la cárcel. Salguero no aceptó el pacto al considerarse no culpable sino víctima del chantaje, al asegurar que si no pagaba la comisión del 20% tampoco cobraría las obras adjudicadas.

Según el relato de la Fiscalía, los exresponsables de Adigsa, que compartían «militancia y actividades políticas en CDC», permitieron que el intermediario Penín adjudicase «a dedo» obras públicas a empresarios afines. Según la acusación, la rehabilitación de un total de 34 viviendas se adjudicó de manera arbitraria e informal, sin importar si se hacían bien o no las obras, a las que se añadía un sobrecoste de más de un 15%.

Del mismo caso Ferran Falcó fue absuelto por la magistrada del TSJC Núria Bassols -a su vez casada con otro implicado en el caso 3%-, a quien a las pocas semanas el presidente Artur Mas nombraba responsable de política de Transparencia.