ERC «revertirá» las decisiones del Gobierno en base al 155

Si ERC gobierna la Generalitat de Cataluña a partir del 21-D «revertirá» todas las decisiones que el Gobierno de España, gobierno catalán en funciones, esté tomando y tome hasta entonces. La primera medida será reponer a Josep Lluís Trapero como mayor de los Mossos d’Esquadra; la segunda, volver a abrir las llamadas «embajadas» catalanas o delegaciones en el extranjero; y la tercera, «desbloquear los 400 millones de euros del tercer sector», que estarían retenidos por el Gobierno, según los independentistas.

Marta Rovira, número dos de ERC, esbozó ayer algunas de estas decisiones en el marco de la esperada presentación de las «50 medidas republicanas de gobierno», que sin embargo no pasan de ser propuestas de gestión y, sobre todo, plantean (de llevarse a cabo) situaciones de conflicto legal permanente en el ámbito competencial en varios sectores.

El partido de Oriol Junqueras reclamó la necesidad de «construir espacios de soberanía» para depender lo menos posible del Estado y las corporaciones bancarias. Con este objetivo y dando por buena «la acción de gobierno» llevada a cabo en los últimos dos años, Rovira reclamó para su formación obtener «un mandato democrático fuerte, claro y contundente» el 21-D, que les permita componer «un gobierno muy fuerte» y que este, a su vez, tenga claro que debe «reducir las dependencias» de «las arbitrariedades» del PP, el PSC y Cs o «fuerzas monárquicas», como las definió Rovira. Si esta reducción de «dependencias» no se puede hacer mediante el diálogo con el Gobierno, la líder de ERC remarcó que el gobierno catalán «ejercerá la soberanía» igualmente.

Entre las medidas concretas, además de las citadas, figuran: aprobar una reforma horaria, «implementar» la renta mínima garantizada, aplicar la ley de pobreza energética, reforzar la escuela catalana (que «forma ciudadanos republicanos conscientes de que han de construir su colectividad»), insistir en tejer «una república de acogida» y una ley que establezca nuevos «derechos sociales». Prácticamente todas las medidas o han sido anuladas por el TC o son susceptibles de invadir competencias nacionales, lo que supondrían una situación de conflicto jurídico permanente.