La corrupción del 3% de CDC afecta a Germà Gordó, consejero de Justicia con Artur Mas

la segunda. Esta vez sí. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se declaró ayer competente para investigar al que fuera consejero de Justicia con Artur Mas entre 2012 y 2016 y actualmente diputado en el Parlamento autonómico, Germà Gordó. El TSJC imputa a Gordó los delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y, entre otros, malversación de fondos públicos.

La causa se desliga así –por la condición de aforado de Gordó– de la que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), que apunta a posibles comisiones cobradas por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de obra pública con la Generalitat y los municipios que controlaba CDC.

La decisión del TSJC se adopta después de que el juez instructor de El Vendrell volviera a pedir la imputación de Gordó el pasado 12 de mayo, tras un primer intento en diciembre de 2016, que la misma sala rechazó en enero de 2017 porque no había base sólida «por el momento».

Sin embargo, ahora sí parece que las evidencias puestas sobre la mesa por el juez instructor de El Vendrell son suficientes para una investigación judicial, en base a los diversos registros realizados en las sedes de CDC y las empresas afectadas, así como en el análisis y estudio de las «agendas y libretas con anotaciones manuscritas y demás documentos acopiados por los investigadores» ratificados posteriormente en los interrogatorios por parte de los imputados y testigos –entre estos, dos protegidos– del caso 3%.

A Gordó se le investiga por «una serie de actuaciones consistentes en requerir a ciertas empresas que pretendían obtener la adjudicación de determinados concursos públicos» de la Generalitat, entre 2011 y 2013, y cuya «contraprestación» suponía para las empresas adjudicatarias «la realización de cuantiosas donaciones a dos fundaciones estrechamente vinculadas a CDC, en concreto, las fundaciones Catdem y Fòrum Barcelona», según figura en el auto. Justo antes de los años citados y desde 2004, Gordó fue el gerente de CDC, un cargo de absoluta confianza del líder de la formación entonces, Artur Mas.

El TSJC detalla que Gordó habría sido la persona necesaria para que la empresa Constructora Pirenaica, S. A. (Copisa) donase a las dos fundaciones de CDC 100.000 euros en 2012. A cambio, esta empresa obtuvo la adjudicación del contrato de obras que el Consorcio de Educación de Barcelona (integrado por la Generalitat y el ayuntamiento) licitó para «diversos edificios escolares públicos» por un importe de más de 4,7 millones de euros y el contrato de obras (adjudicado a una unión temporal de empresas participada por Copisa) para el refuerzo de varios diques del Puerto de Barcelona, en cuyo consejo de administración participa la Generalitat, por un valor de más de 39,6 millones de euros. En ambos casos, según el TSJC, Gordó negoció «personalmente» los importes con Francesc Xavier Tauler Ferré, entonces consejero delegado de Copisa.

Por otro lado, siguiendo el mismo «modus operandi», Gordó habría conseguido que la constructora Pasquina S. A. donase a las dos fundaciones de CDC 147.000 euros, en 2014 y 2015, a cambio de la adjudicación de «ciertas obras de mejora» de varias carreteras dependientes de la empresa pública Infraestructuras de la Generalitat (GISA), a cuyo consejo de administración pertenecía Gordó, por un valor total de más de 2,1 millones de euros; y la adjudicación por parte de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad del mantenimiento de varias carreteras, por un valor de más de 7,2 millones de euros. Adjudicaciones que se establecieron después de que Gordó se reuniera con Félix Pasquina Oliver, administrador único de la empresa.

Bassols y el instructor

Pero el exconsejero de Justicia, que fue también secretario de la Generalitat entre 2010 y 2012 –siempre bajo la tutela y confianza de Artur Mas–, también movió hilos «aprovechando sus relaciones personales y políticas con Josep Manel Bassols Puig».

Bassols –exalcalde de CDC en una localidad de Gerona y casado con una magistrada del TSJC que Mas nombró directora de la oficina de transparencia de la Generalitat– era el delegado en Cataluña de la empresa Oproler S. A., que obtuvo la adjudicación de unas obras de un instituto de Manresa –licitado por GISA– por valor de más de 2,6 millones de euros en 2012. A cambio, Gordó recibió «diversos regalos personales de la empresa».

Por si la causa no estuviera suficientemente enmarañada, el TSJC ha nombrado instructor del caso a Enric Anglada i Fors. El magistrado es amigo íntimo de Bassols y su esposa, Núria Bassols –mismo apellido pero sin relación de consanguinidad–. Pese a que Anglada pidió ser apartado del caso, su ruego no fue aceptado.

A última hora de ayer, tras la presión de PDECat, Gordó valoraba mantener el escaño –que le permite ser aforado– pero dejar Junts pel Sí y pasar a ser diputado no adscrito.