Comunes e independentistas fuerzan una investigación sobre los ministerios del PSOE en el Parlamento catalán

El Parlamento de Cataluña, a diferencia del Congreso de los Diputados, sí investigará el caso Pegasus. O, al menos, la posible conexión del espionaje político con algunos ministerios del PSOE. Los tres grupos independentistas y los comunes, entre los que está Podemos, han registrado este martes una propuesta de resolución en el Parlamento autonómico para crear una comisión de investigación «sobre el espionaje a través de los programas Pegasus y Candiru de representantes políticos y activistas independentistas, abogados, periodistas y sus familiares por parte del Estado » .

Según ha informado ERC, la petición de comisión de investigación (en base al artículo 67.3 del Reglamento del Parlamento catalán) se registra después de que el Congreso «con los votos del PP y del PSOE, Vox y Cs» haya «vetado» la solicitud de una comisión de investigación sobre el espionaje, que destapó hace unas semanas 'The New Yorker' y que podría afectar, también, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

ERC, Junts, los comunes y la CUP consideran, según consta en el texto presentado en el registro, que el Parlamento autonómico «no puede quedar impasible ante estos hechos, que han tenido un fuerte impacto en la opinión pública » y atentan directamente contra derechos fundamentales. Así, en opinión de los cuatro grupos, es necesario proteger no solo a los representantes políticos sino también a los ciudadanos, a los que «de manera indirecta » , también se les ha espiado y, por tanto, se les ha vulnerado el derecho a la intimidad y secreto de las comunicaciones, entre otros derechos.

Esta petición de constituir una comisión de investigación para el caso Pegasus saldrá adelante ya que los cuatro grupos suman una mayoría suficiente para su aprobación, que debe ser acordada en el pleno. La investigación se centrará en «conocer los detalles» de las intromisiones que los independentistas y los comunes concluyen que provienen por parte del Estado «a través del CNI u otros organismos públicos». Es decir, ERC, Junts, los comunes y la CUP dan por seguro que el espionaje (al menos el realizado contra los secesionistas) se produjo desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o un ente público similar.

Siguiendo esta línea acusatoria, la comisión específica tratará de esclarecer los detalles de las estructuras orgánicas y técnicas relacionadas con el caso de espionaje, directa o indirectamente, pero solo las adscritas a los Ministerios de Defensa, Interior, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Presidencia y Vicepresidencia económica y Justicia. Todos estos Ministerios están bajo control del PSOE y, por lo tanto, no se pondrá en cuestión, al menos 'a priori', ningún departamento de Podemos.

  Entre otra cosas, también se intentará «determinar los jefes que han tomado las decisiones y su motivación» y desvelar «los procesos de contratación» o si ha existido «tutela judicial» para las actuaciones de espionaje que los cuatro grupos que proponen la comisión de investigación dirigen contra el Gobierno. La comisión tendrá una vigencia de un año. Pese a lo rimbombante de la iniciativa, el margen de investigación del Parlamento de Cataluña sobre un caso que no es de su competencia es prácticamente nulo. Eso sí, la comisión podría impulsar las acciones legislativas y judiciales que consideren oportunas, según se recoja en las conclusiones y hacer un alegato político.