Barcelona investiga la colocación de lazos amarillos en edificios públicos
El Comité de Ética municipal determinará si se vulnera la neutralidad institucional
Alberto Fernández (PP) exige a Colau que retire la simbología partidista
El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto una investigación para determinar si la instalación de pancartas con lazos amarillos en edificios del Consistorio puede considerarse una utilización partidista que no respeta la neutralidad de los edificios públicos. En concreto, la investigación la llevará a cabo el Comité de Ética del que se dotó el Ayuntamiento para que, de forma externa e independiente, velase por el cumplimiento Código Ético municipal que fue aprobado en el pleno de junio de 2017.
El citado Código Ético, de obligatorio cumplimiento para las casi 500 personas que integran la corporación municipal –concejales, directivos y personal eventual del Consistorio– fija por ejemplo unas normas específicas relativas a los conflictos de intereses, o limita a un máximo de 50 euros los regalos de cortesía que pueden recibir los miembros del Consistorio. También, alude a los «principios éticos» que deberán cumplir, incluyendo el princpio de «legalidad», garantizando «la defensa y el respeto a la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la legislación específica del municipio de Barcelona, las disposiciones generales municipales y el resto de normativa».
En este contexto, y según ha podido saber ABC, con motivo de las quejas presentadas ante la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas , relativas a la colocación de pancartas, lazos amarillos y otra simbología en la fachada del Ayuntamiento y en otros edificios públicos alusivas al encarcelamiento y juicio de dirigentes políticos relacionados con el proceso soberanista, se ha abierto una investigación por parte del Comité de Ética. Según se señala en un escrito de la dirección del Servicio de Análisis de la Oficina de Transparencia, el contenido de las comunicaciones o quejas, una decena larga, y su «descripción sufiente y plausible» han permitido identificar una «conducta susceptible de ser investigada por el Comité de Ética».
Dicho comité está formado por J oan Josep Moreso, Teresa Freixes, Robert Rubio, Norbert Bilbeny y Dolors Feliu , además de dos suplentes: Magda Oranich y Antoni Bosch. En el caso concreto de la investigación sobre los lazos amarillos, por reparto aleatorio se designó como ponente a la abogada y profesora universitaria Dolors Feliu, de perfil soberanista y hasta el pasado mes de enero directora de los Servicios Consultivos y Cordinación Jurídica de la Generalitat.
Entre las comunicaciones que llegaron a la Oficina de Transparencia, una denuncia por ejemplo el «mal gobierno» que supone pedir la libertad de los «presos políticos, faltando al respeto a una gran parte de la ciudadanía» que no comparte esta visión. Otro denunciante apunta a la «agresión» que supone la colocación de símbolos que considera «excluyentes». Otro de los textos, que escribe un ciudadano que se define como «demócrata de izquierdas», considera «extremadamente grave» que el Ayuntamiento, con su comportamiento, justifique los hechos delictivos del «procés».
Tras la apertura de la investigación por parte del Comité de Ética se establece un periodo de alegaciones abierto a los grupos municipales. En este sentido, el presidente del grupo municipal del PP, Alberto Fernández, ha solicitado que se tramiten con «celeridad y urgencia» los expedientes, y se ejecuten las peticiones de retirada de simbología para «garantizar la «neutralidad política» del Ayuntamiento.
En paralelo, Fernández ya solicitó por carta a la alcaldesa Ada Colau la retirada de símbolos, y también acudió a la Junta Electoral Central (JEC). Si la colocación de un lazo amarillo «ya era contrario a la obligada neutralidad de las instituciones públicas, ahora, tras convocarse las elecciones generales, también es contrario a la ley electoral», apunta el edil popular. El concejal popular recuerda al respecto que «la JEC ha resuelto al menos en cuatro ocasiones, en los últimos tres años, la obligación de retirar ‘esteladas’, carteles con el lema de ‘presos políticos’, o lazos de la fachada de los ayuntamientos y de la vía pública».
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