Aragonès considera «impecables»y «necesarios» los avales públicos que el TCu acepta en la causa del 'procés'

ERC pedirá la devolución de más de dos millones de euros del total de 5,4 millones que aportaron los encausados

El Rey, entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès, hoy, en la inauguración en Barcelona del MWC EFE

Daniel Tercero

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, y el consejero catalán de Economía y Hacienda, Jaume Giró, que ideó la fórmula de los avales para los implicados en la promoción en el extranjero del 'procés' ante el Tribunal de Cuentas (TCu), han valorado positivamente que el organismo fiscalizador haya aceptado este lunes las fianzas a través de los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) cambiando, así, el criterio inicial manifestado en otoño.

Aragonès, al poco de conocer la nueva decisión del TCu que afectará a 28 de los 34 implicados en la causa, señaló en su cuenta de Twitter que «desde el primer momento hemos defendido que los avales del ICF no solo son jurídicamente impecables, sino un mecanismo imprescindible para defender a los servidores públicos ante las injerencias del Tribunal de Cuentas«.

En la misma línea que el presidente autonómico, ERC anunció a media tarde que solicitará al TCu «la devolución de los más de dos millones de euros que la organización depositó para evitar los embargos en el mes de octubre». El partido de Oriol Junqueras, implicado en el caso, aportó más de dos millones de los 5,4 millones totales que figuraban en la liquidación en esta fase del proceso.

Entre los implicados en esta causa, Carles Puigdemont y Junqueras tenían que hacer frente a la responsabilidad de 1,9 millones de euros cada uno; Raül Romeva, otros 2,1 millones de euros; y Artur Mas, 2,8 millones de euros. Estos 5,4 millones de euros se fijaron en la causa que investiga la acción exterior del 'procés', a lo largo de diversos años y varios gobiernos autonómicos, es paralela a la que investiga el gasto indebido por el referéndum ilegal del 1-O (otros 4,1 millones de euros) y posterior a la que ya se enjuició y está en fase de ejecución relacionada con el 9-N de 2014 (otros 4,9 millones de euros), y que también afecta a Mas, entre otros.

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