Guerra fraticida en los «súper indepes»

Los independentistas saben que los supermercados Bon Preu nunca les van a defraudar. Cuando se acerca cada 11 de septiembre en sus estanterías no faltará el «kit secesionista» para lucir en la Diada camisetas y mochilas amarillas, o del color que cada año ingenien los diseñadores del marketing separatista. Hay fieles de la causa que, en su día a día, prefieren caminar un par de kilómetros hasta su Bon Preu más cercano antes que hacer la compra en el supermercado que tienen debajo de casa.

La situación económica de la cadena de supermercados y gasolineras propiedad de los hermanos Font es más que solvente. Tienen más de 5.000 empleados y en los años más clientes del «procés» han doblado su facturación hasta superar los mil millones de euros. Pero la guerra fratricida que mantienen Joan y Josep, propietarios al 50%, conduce sin remedio hacia la separación. Falta establecer en qué términos se consuma la «secesión». Se decide en los tribunales.

El cómo se procede a la división del «súper indepe» es lo que centra ahora la disputa. Josep Font, vicepresidente del grupo, quiere irse. El miércoles, en un juicio mercantil en Barcelona, reclamó a su hermano Joan Font, presidente, que le pague 530 millones por su parte. Está dispuesto a pactar un calendario de pagos que no comprometa las cuentas de la empresa. Pero el abogado de Joan Font se negó tajantemente. Según él, ese desembolso sería una «barbaridad» que abocaría al grupo directamente a un concurso de acreedores. Su propuesta es dividir el negocio al 50% –incluyendo bienes muebles, inmuebles, etcétera– y que cada hermano se responsabilice de su parte. De hecho, el grupo ya está formalmente dividido y Joan conmina a Josep a elegir su mitad.

A esta situación se ha llegado porque los estatutos no dejan claro cómo ejecutar la división, después de la dispar valoración de cuatro auditorías de cuatro firmas diferentes. En el juicio compareció un perito a petición de Josep, el demandante, que resaltó los «errores metodológicos de bulto» en los que, según él, habrían incurrido tres de las auditorías. Justamente, las que cifraban el valor del grupo más a la baja.

Será la titular del Juzgado de lo Mercantil 8 de Barcelona quien deba decidir si acepta la pretensión de Josep para dejar el negocio. Sea como fuere, pese al cisma fraternal, nada impedirá que para próximas Diadas los fieles independentistas y del Bon Preu puedan seguir sumando camisetas del «procés» a sus listas de la compra.