Desmantelan la primera asociación cannábica de Cataluña

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado una red criminal que cultivaba marihuana y la vendía después a asociaciones cannábicas de Barcelona, entre ellas a la que fue la primera en registrarse legalmente en Cataluña y que además intentó hacer realidad un macroplantación de marihuana en Rasquera (Tarragona).

La operación permitió detener la semana pasada a 12 personas de nacionalidades serbia, japonesa, bielorrusa y española acusadas de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y diversos delitos contra la salud. Entre ellos están los jefes de la organización oyel tesorero y todos ellos vivían en pisos de lujo y alquilaban coches de primeras marcas. Seis de ellos han ingresado en prisión mientras los otros seis han quedado en libertad con cargos.

La investigación comenzó en julio de 2016 cuando se dio con una nave industrial en la que se cultivaba marihuana y culminó el pasado día 7 de febrero con un opertivo policial que implicó el registro de ocho domicilios (en los que se intervinieron 5.000 plantas de cannabis, unas 1.000 bolsas con droga lista para ser vendida y 60.000 euros en efectivo) cinco naves industriales del Área Metropolitana y dos asociaciones cannábicas de Barcelona.

Los Mossos determinaron que cultivos iban para dos asociaciones cannábicas de Barcelona, que han quedado desmanteladas: una de ellas situada en el distrito de Sant Martí y otra en la Barceloneta. Esta última es, precisamente, la primera asociación que se registró en Barcelona y la misma que en 2012 intentó invertir más de un millón de euros en Rasquera con un macroproyecto de cultivo de marihuana.

Fuentes policiales explican que la organización criminal se dedicaba también a crear contínuamente asociaciones cannábicas que inscribía y registraba con la finalidad de vender la licencia a terceros y obtener ingresos en efectivo con el traspaso de las agrupaciones.

Entramado empresarial

Los gestores de la red habían creado un entramado de empresas, algunas de ellas 'pantalla', que les servían para alquilar inmuebles, establecimientos, constar en los contratos de suministros y abrir cuentas bancarias para ocultar así la identidad de los miembros de la organización.

Los agentes policiales corroboraron que los investigados habían realizado gastos en los últimos dos años por valor de 1,1 millones de euros y que también habían hecho movimientos bancarios con imposiciones de efectivo en ventanilla o cajero por 500.000 euros.

Un asesor municipal de Cs, uno de los detenidos

Uno de los detenidos la semana pasada es un asesor municipal de Ciudadanos (Cs) en Barcelona, que como consecuencia de haberse visto implicado en el caso ha sido cesado por el grupo municipal. Luis Ignacio R., arquitecto de profesión, trabajaba como asesor en materia de urbanismo.

Según ha adelantado El País, el hombre había diseñado como arquitecto algunas de las naves que utilizaba la red para cultivar la marihuana. El grupo municipal de C ha pedido que, además de ser destituïdo, también sea expulsado como militante de base.