Barcelona iniciará medidas coercitivas si el Gobierno reabre el CIE de la Zona Franca y «desobedece»

El teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens ha avisado de que el Ayuntamiento iniciará medidas coercitivas si el Ministerio del Interior reabre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca y se «coloca en una situación de desobediencia» ante la orden de cese emitida por el consistorio, que advierte de multas e incluso del precinto de las instalaciones.

En rueda de prensa este jueves, ha matizado que Interior tiene un mes para recurrir ante el Ayuntamiento, el cual tendría tres meses para responder; y entonces «pueden ir al juzgado si no están de acuerdo con la resolución»: si el consistorio contestara ese posible recurso, el Ministerio podría impulsar un contencioso administrativo en dos meses, y en seis meses si el Gobierno municipal no contestara ese recurso.

Ha justificado la orden de cese por no tener medidas de seguridad y evacuación adecuadas ni la licencia de actividad correspondiente, ya que todavía opera con la anterior de comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para usos como galería de tiro y de animales, ya que había caballos de la policía.

Por tanto, ha estado en «situación irregular, fuera de derecho y con cierta anomalía jurídica» desde que abrió hace una década, cuando se requirió este cambio de licencia para adecuarla a su actividad pero no se produjo.

Preguntado por los periodistas, Asens ha reconocido que el Ayuntamiento difícilmente podría denegar la licencia adecuada si se pide y se cumplen todos los requisitos sobre el CIE --cerrado desde noviembre por obras--. Asens ha detallado que el 28 de abril notificó al CIE la incoación de este expediente por la no adecuación de la licencia, y que dieron al Ministerio un mes para legalizar la situación --cuando habitualmente el plazo es de 15 días--, algo que Interior no tramitó, «para sorpresa» del Ayuntamiento.

El Ministerio presentó alegaciones al considerar que no está obligado a pedir esta licencia porque la actividad no lo requiere, algo que no comparten los servicios jurídicos del Ayuntamiento ni los del distrito de Sants-Montjuïc, por lo que se desestimaron las alegaciones y se decidió ordenar el cese: la alcaldesa, Ada Colau, lo comunicó el miércoles a la delegada del Gobierno en Catalunya, Llanos de Luna, y a los grupos municipales.

El expediente se abrió a raíz de una inspección cuando el Ministerio pidió licencia de obras, y se detectó que no había licencia adecuada de actividad ni se cumplía la normativa de seguridad y prevención de incendios: «Hay un volumen importante en el centro, y por eso hay que ser especialmente cuidadoso con estas personas; también con los usuarios y los funcionarios que trabajan ahí».

Asens asegura que los ocho meses en que el centro ha estado cerrado por las obras han demostrado que «los CIE no son necesarios», porque los fiscales han usados mecanismos alternativos, como la obligación de presentarse regularmente ante las autoridades y la retención de la documentación, y no han dictado en este plazo ninguna orden de internamiento.