El Ayuntamiento de Barcelona presentará una denuncia por el caso Pegasus

El Consistorio entiende que tiene «la obligación» de llevar a la justicia el espionaje, que afecta directamente a dos concejales municipales

El caso Pegasus tensiona el gobierno de Ada Colau con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona

Colau, en el últmo pleno municipal BCN.CAT

A. Cabeza

El Ayuntamiento de Barcelona presentará una denuncia por el espionaje con el programa Pegasus. La administración liderada por Ada Colau da un paso más así para tratar de esclarecer los detalles sobre un caso que le afecta directamente, tanto por el hecho de que dos de sus concejales (Ernest Maragall, de ERC, y Elsa Artadi, de Junts) fueron espiados como por el hecho de que en junio de 2019 el CNI estuvo indagando en las negociaciones que los republicanos llevaron a cabo para tratar de conseguir apoyos que le permitieran ganar la alcaldía.

El texto, que en las próximas horas se presentará ante el juzgado de Instrucción de Barcelona, lo ha firmado la propia alcaldesa , Ada Colau después de que el bipartito de comunes y PSC lo presentaran a la Junta de Portavoces del martes, donde la iniciativa fue vista con buenos ojos por ERC y Junts.

De hecho, al ser una cuestión que compete directamente a la alcaldesa no hacía falta una votación pero las dos fuerzas independentistas han agradecido el gesto. Por el contrario, Valents y el PP se han mostrado en contra, mientras que Cs ha ido más allá y se ha quejado porque el Consistorio no hizo lo mismo cuando la exconcejal de la formación, Carina Mejías, fue espiada.

Muy similar a la denuncia del Parlament

La denuncia va en la línea de la declaración institucional al respecto que comunes y republicanos pactaron hace un mes y que prosperó durante el último pleno, que el espionaje también protagonizó. Fuentes municipales inciden en que la querella llega tanto por el espionaje a líderes independentistas como a directamente concejales municipales y resaltan que el documento tiene «términos muy parecidos» a los que presentó el Parlament .

A modo de resumen, el texto alega que el espionaje con Pegasus podría ser «constitutivo» de delito y que el Consistorio tiene la «obligación» de denunciar un caso que puede conllevar la vulneración del derecho a la intimidad de los concejales y también «una grave afectación a los derechos constitucionales a la libertad ideológica y participación en asuntos públicos».

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