El Ayuntamiento de Barcelona legaliza, 130 años después, las obras de la Sagrada Familia
El consistorio aprueba dos planes urbanísticas que permitirán al patronato obtener los permisos necesarios
El templo aportará a la ciudad 36 millones de euros en diez años como contribución a la ciudad
Después de operar durante más de 130 años sin licencia ni permisos de construcción, la Sagrada Familia está un poco más cerca de poder regularizar su situación. Así lo ha acordado este viernes el pleno del Ayuntamiento de Barcelona después de aprobar dos planes urbanísticos que, ahora sí, permitirán al patronato de la Sagrada Familia obtener los permisos necesarios para terminar las obras. Hasta ahora, la basílica funcionaba en base al permiso que Gaudí pidió en 1885 al Ayuntamiento de Sant Martí de Provençals, entonces un municipio independiente.
En concreto, el consistorio ha aprobado, con los votos de BComú, PDeCAT, Cs, el PP y los dos concejales no adscritos, el rechazo del PSC y la CUP y la abstención de ERC, el Plan Especial Urbanístico Integral y la modificación del Plan General Metropolitano del ámbito del templo, lo que implica cambios en las calificaciones urbanísticas del tramo de la calle Provença de la manzana del templo y el visto bueno a la construcción de un gran voladizo en el fachada de la Glòria.
Eso sí: sigue sin resolverse el espinoso asunto de qué ocurrirá con el bloque de viviendas que se alza frente a esa misma fachada y que, según el proyecto urbanístico, debería ser derruido para levantar una escalinata que los vecinos aseguran que no fue proyectada por Gaudí. Un entuerto que, en cualquier caso, quedará en manos de una comisión específica en la que participarán expertos y afectados.
La decisión del pleno viene a apuntalar el acuerdo que Ayuntamiento y Sagrada Familia suscribieron el año pasado y que implica que, además del pago de la licencia, la Sagrada Familia aporte mejoras por valor de 36 millones de euros durante diez años como contribución a la ciudad. Así, se destinarán 22 millones de euros a la mejora del transporte público, 7 millones para mejorar la accesibilidad con el metro, otros 4 millones para reurbanizar las calles Marina, Provença, Sardenya y Mallorca y 3 millones más para el mantenimiento del espacio público.
Con todo, y a pesar del apoyo mayoritario a regular definitivamente la situación de la Sagrada Familia, la oposición no ha dejado pasar la ocasión para cargar contra Ada Colau y le ha afeado que no haya abordado las afectaciones urbanísticas de la fachada de la Glòria, tal y como han coincidido PDECat y Cs.
«Este no es un gran acuerdo. Damos un paso adelante, pero se pasa al próximo Gobierno la patata caliente de resolver la escalinata de la Glòria», ha insistido también el portavoz de ERC, Jordi Coronas, mientras que el popular Alberto Villagrasa ha recordado que en la zona, además de piedras también hay personas».
Por su parte, el socialista Daniel Mòdol ha lamentado este acuerdo y cree que BComú ha mutado y se ha hecho cómplice del mobbing inmobiliario en el entorno del templo y ha dicho que este no es un acuerdo histórico, sino de mala gestión y un regalo a un privado, que promueve actuaciones que obligará a vecinos a «desayunar hormigón los próximos diez años».
