Las universidades catalanas piden rebajar los precios de matrículas

Los rectores de todas las universidades públicas catalanas han suscrito una declaración conjunta en la que reclaman al gobierno catalán que rebaje el precio de las matrículas de grados y de máster, que son de los más caros de Europa, y que les dote de más autonomía y más recursos, económicos y humanos.

Los rectores, que también reclaman un modelo de financiación "estable", han presentado hoy en una rueda de prensa en Barcelona la declaración conjunta, que también han rubricado los consejos sociales universitarios, en el marco de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP).

Una mayor autonomía, mejor financiación pública, reducción de los precios públicos de matrícula de los estudios de grado y de máster, compromiso con los acuerdos del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) en cuanto a la estructuración de los estudios y la incorporación de nuevo personal docente e investigador y de personal de administración y servicios son las principales reclamaciones.

En la presentación de la declaración han estado Sergi Bonet, rector de la Universidad de Girona y presidente de la ACUP; Jaume Casals, rector de la Universidad Pompeu Fabra; Enric Fossas, rector de la Universidad Politécnica de Cataluña y Jordi Alberch, rector en funciones de la Universidad de Barcelona.

También Armand Sánchez, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), por delegación de la rectora; y Joan Corominas, presidente en funciones del Consejo Social de la Universidad de Barcelona.

Los rectores han reclamado una mayor autonomía organizativa, financiera, de gestión de personal y académica "que comporte un rendimiento de cuentas periódico y profundo de las universidades al gobierno de la Generalitat y a la sociedad a través del Parlament". También han urgido "un modelo de financiación estable que asegure la suficiencia económica de las universidades logrando a medio plazo la financiación media de los países de la OCDE" (1,22 % del PIB).

Actualmente, según ha explicado Bonet, la financiación del sistema público catalán se sitúa en el 0,88 % del PIB, muy por debajo de la media europea.

Según los rectores, esta financiación debe ir dirigida a poder cumplir las cuatro funciones básicas de las universidades: docencia, investigación, transferencia de conocimiento y compromiso social. Una de las principales exigencias de las universidades públicas es la reducción de los precios de matrícula y "que tienda a igualarse a la media de la OCDE", que es de un 14 % del coste del curso (actualmente en Cataluña es de un 26 %).

También piden que el coste de la matrícula de los másters se equipare al de los grados. "Abogamos por un sistema integral de becas y ayudas a los estudiantes, que asegure en todo momento la igualdad en el acceso y en el progreso académico. Reclamamos que estas medidas se lleven a cabo sin perjudicar en ningún caso la financiación de las universidades públicas", han explicitado los rectores.

En la estructuración de los estudios, las universidades han pedido "un firme compromiso" con los acuerdos del Consejo Interuniversitario de Cataluña para que sólo las titulaciones nuevas de grado (no impartidas por ninguna universidad catalana) puedan diseñarse con una estructura de tres años (180 créditos).

Para el resto de titulaciones de grado impartidas por varias universidades, el sistema universitario de Cataluña evitará que una misma titulación de grado se pueda alcanzar indistintamente en 3 años (180 créditos) o 4 años (240 créditos) en alguna de las universidades catalanas. La declaración detalla que la modificación de la reducción de la duración de un grado "no puede comportar una disminución de la subvención pública" y que la modificación de la estructura académica "no puede conducir en ningún caso a un incremento del coste de la matrícula para los estudiantes".

En cuanto a la incorporación de nuevo personal, los rectores proponen un "plan de choque ambicioso" de 10 años entre la Generalitat y las universidades públicas para poder renovar las plantillas "y dar respuesta a las legítimas expectativas de estabilización" del personal interino, informa Efe.