Torra, Sánchez y el Consejo de Ministros

Una de las incógnitas que planean sobre el Consejo de Ministros del próximo día 21 es si finalmente tendrá lugar la reunión entre los presidentes Sánchez y Torra, propuesta por el primero y sorprendentemente rechazada por el segundo, al menos hasta ahora. Digo sorprendentemente porque tengo la más absoluta convicción de que el presidente Quim Torra recibiría a cualquier presidente de cualquier país del planeta que, con motivo de su estancia en Barcelona, le propusiera reunirse. ¿Alguien lo duda?

Pero más allá de este nuevo despropósito del president Torra, lo que se cierne sobre el Consejo de Ministros de la semana próxima en Barcelona es si el Gobierno de Cataluña garantizará la seguridad y el orden público en un día que se prevé complicado. Al respecto, quisiera recordarle dos condiciones que son inherentes a su condición de president de la Generalitat y que parece haber olvidado. La primera es que es el representante ordinario del Estado en Cataluña. La segunda es que también es el mando supremo del cuerpo de Mossos, función que ejerce a través del consejero de Interior, según reza el artículo 2 de la vigente Ley de la Policía de Cataluña.

Desgraciadamente, el president Torra no ha dado muestras de ser consciente de sus responsabilidades. Al contrario, sólo hay que observar los incidentes del pasado fin de semana para calibrar hasta dónde llega su irresponsabilidad. Su apelación inmoral y temeraria a la vía eslovena para dar salida al llamado proceso independentista catalán o la desautorización del cuerpo de Mossos d’Esquadra –a raíz de sus actuaciones en Girona y Terrassa para evitar lo que podría haber sido un auténtico descalabro- son dos ejemplos dramáticos.

Desde el primer día, Torra ha escogido ejercer de activista, lo que supone un menosprecio sin precedentes a la institución que representa. Su elección lo inhabilita para ejercer su responsabilidad de representar a todos los catalanes: a los que piensan como él y a los que lo hacemos y vemos las cosas de una manera muy diferente. Por encima de todo, su obligación es garantizar la seguridad y el orden público, cuestiones que, en un Estado democrático y de derecho como el nuestro, no excluyen el ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación y a la protesta. Lo que excluye –debería tenerlo muy claro Torra–, la incitación y la tolerancia de la violencia.

RAMON ESPADALER es Secretario general de Units per Avançar