Protección de Datos ve «indicios» de que la web para delatar el uso del español en los campus vulnera la ley

La web impulsada Plataforma por la Lengua , la ONG del catalán acusada de espiar a los alumnos en el patio, y la Federación Nacional de Estudiantes de Cataluña dirigida a «señalar a docentes que no utilizan el catalán» en las universidades podría vulnerar la Ley de Protección de Datos . La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) así lo ha hecho constar en un comunicado de respuesta a la asociación Hablamos Español , que denunció la citada iniciativa.

A juicio de la AEPD , «a tenor de la información preliminar de la que se dispone, se aprecian indicios racionales de una posible vulneración de la normativa en materia de protección de datos , sin perjuicio de lo que se determine en el curso de la tramitación». La Agencia ha admitido a trámite la reclamación presentada por Hablamos Español y la «ha incorporado a las actuaciones previas de investigación que se están llevando a cabo para determinar la adecuación del procedimiento a la normativa de protección de datos».

La asociación que preside Gloria Lago denunció la citada web al entender que «los delatores darán el consentimiento para el uso de sus datos, pero no es el caso de los profesores, que podrían pasar a formar parte de un listado que podría ser utilizado para obtener datos e intimidarlos».

Desde Hablamos Español también solicitaron que se investigue si los datos de los profesores se incorporan a otro archivo sin su consentimiento . La entidad considera que Protección de Datos debe intervenir para evitar «cualquier listado de profesores que usen el castellano».

Subraya, asimismo, que la web está creada «para respaldar una campaña para denunciar situaciones que según estas entidades no respetan el derecho a recibir la enseñanza en catalán dentro de los Universidades de las Comunidad Autónoma de Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares ». Si se demuestra que la web vulnera la normativa de Protección de Datos, las entidades que la promueven podrían, según avanza Lago, enfrentarse a una multa por parte de la autoridad competente. La cuantía de las sanciones depende de la capacidad económica de los sancionados pero puede ascender hasta los 200.000 euros . La AEPD tiene seis meses para resolver si realmente hay vulneración.