Ofensiva de Hablamos Español y CCC para que 35.000 alumnos tengan el español como lengua vehicular
La entidad inicia una estrategia en cuatro frentes judiciales, adelantada hoy por ABC, para forzar la ejecución de la sentencia del TSJC que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en castellano
Empieza la carrera de las entidades en defensa del bilingüismo y la libre elección de lengua para reclamar la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Generalitat a impartir al menos un 25 por ciento de las clases en castellano. Tal como adelanta hoy este diario, Hablamos Español (HE) y Convivencia Cívica Catalana (CCC) son los primeros en dar un paso al frente para exigir al Govern que acate el dictado de los tribunales.
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Lo hacen con una ofensiva judicial en cuatro frentes : como entidades, aunque ven poco probable que el tribunal les legitime; en nombre de la Federación de Ampas, 'Ampa Total' -entienden que las Ampas tienen interés legítimo reconocido expresamente por el reglamento autonómico, en el artículo 3 del Decreto 202/1987, de 19 de mayo, y por el propio Tribunal Supremo -; y en representación de los padres que, por ahora, no han logrado crear una Ampa en sus colegios. Según apuntan HE y CCC en su comunicado, siempre ha considerado que las familias tienen un interés legítimo para solicitarlo. Asimismo, las dos asociaciones amparan la petición de ejecución de sentencia en nombre de Jucil , la Asociación Sindical más representativa de la Guardia Civil. En tienden que « tienen derecho estatutariamente reconocido a la conciliación familiar . No tienen a su disposición centros educativos donde poder educar a sus hijos conforme a la legislación vigente».
«Solo la Ampa matriz da la cara»
En su frente abierto para reclamar la ejecución a través de las asociaciones de padres, las entidades recuerdan que «solo la Ampa matriz 'da la cara por todas las demás'. La mayoría son Ampas acreditadas ante notario , formadas por tres padres, e integradas en la Federación, que es la que acude a los tribunales. El TSJC obligaría a cumplir la sentencia en todos los cursos y grupos del centro donde hay una Ampa 'nuestra'». El objetivo en este caso es «lograr que se ejecute la sentencia en cada centro escolar de forma completa, sin que se conozca la identidad de las familias ».
En el caso de los padres que no han creado un Ampa, las entidades aclaran que «el objetivo es conseguir que las familias de colegios donde aún no suficientes familias para crear una Ampa y que se deciden a solicitar la ejecución de manera no anónima, vean este derecho reconocido ». Con esta estrategia judicial, HE y CCC lograrían, según afirman, que, de entrada, 14.000 alumnos tengan el español como vehicular .
«Podrían beneficiarse unas 35.000 familias»
«Para atender el recelo de algunas familias a dar sus nombres, hemos promovido la Federación de Ampas. Presentaremos las primeras doce esta semana , con lo que se beneficiarán 14.000 alumnos. Hay familias de 50 colegios más esperando. Solo con las que tenemos en proceso de formación podrían beneficiarse unos 35.000 alumnos. En las carpas hemos recogido muchas firmas de apoyo, pero ante los tribunales lo único válido es la comparecencia personal del afectado , que tiene que dar un poder a un procurador. Eso es lo que hemos hecho con estas cuatro demandas ejecutivas, explica Gloria Lago , presidenta de Hablamos Español.
Por su parte, Ángel Escolano , presidente de Convivencia Cívica Catalana recuerda que « la cuestión jurídica más decisiva que se abre hoy gira en torno al artículo 18 de la ley procesal contenciosa : ¿Quién está legitimado para poder instar la ejecución forzosa de la Sentencia con carácter general? Por ello, ante la certeza de que quien está legitimado para hacerlo no lo va a hacer (es decir, el Gobierno de la Nación), vamos a intentar instar dicha ejecución utilizando todas las vías procesales a nuestro alcance».
