La juez indaga si Junts debe pagar por las mordidas de Convergència

Una tarde de julio, como un aventajado discípulo de Houdini, Artur Mas hizo desaparecer la histórica marca Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para sacar al PDECat de su chistera. La intención, como reconocería luego el entonces ‘president’, era sacudirse las serias sospechas de corrupción por el caso Palau que acorralaban a la formación que Jordi Pujol había fundado en 1974. Ahora, con la causa ya sentenciada, la Justicia indaga si el PDECat debe responsabilizarse económicamente de resarcir el saqueo perpetrado por Convergència a través del Palau de la Música. Y lo que es más novedoso, si ha de hacerlo también Junts per Cataluña (JpC), la formación que capitanea el fugado –y exconvergente– Carles Puigdemont.

La sentencia de la Audiencia de Barcelona sobre el caso Palau, que luego el Tribunal Supremo hizo firme, dejó claro que Convergència se valió de la institución cultural –con el beneplácito de sus responsables– como «cañería» para cobrar a la constructora Ferrovial comisiones ilegales a cambio de adjudicarle obras públicas desde las administraciones que controlaba. Así llegaron a las arcas del partido al menos 6,6 millones de euros en mordidas , cifra que Convergència, según la sentencia, tendría que devolver.

El tribunal embargó al partido 22 sedes para afrontar el pago de esa indemnización, pero esos locales se tasaron en apenas 3,6 millones de euros. Por consiguiente, en el caso de subastarse, ni de lejos cubrirían los 6,6 millones que Convergència tendría que devolver. ¿Quién se hace cargo de los tres millones restantes?

En 2020, y ya durante el trámite de ejecución de la sentencia, la Fiscalía había intentado, sin éxito, que se indagase sobre ese proceso de extinción de CDC y refundación como PDECat por si era posible exigir a esta última responsabilidades económicas del saqueo. Entonces el tribunal lo rechazó, al considerar que faltaban por hacer diversos trámites. Ahora, sin embargo, tras pedirlo la acusación particular, que ejercen la Fundación Palau de la Música y el Orfeó Català –y a lo que se ha adherido la Fiscalía–, la Audiencia de Barcelona lo ha aceptado.

Es por eso que ahora acuerda abrir una pieza separada para averiguar si el PDECat, pero también Junts, son sucesoras de Convergència, y deben asumir su deuda con la Justicia. La Audiencia dice que los documentos aportados hasta ahora por la acusación particular no son suficientes para que los dos partidos herederos asuman la deuda de Convergència con la Justicia, pero sí para estudiar si hay un vínculo entre ellas que permita hacerles responsables de esos pagos.

El tribunal ha remitido una copia de la resolución a ambas formaciones herederas de Convergència para que puedan personarse en la causa, y presentar las alegaciones y propuestas de pruebas que considere. La Audiencia, para tratar de indagar sobre los vínculos del PDECat y de Junts con Convergència, ha reclamado también los planes de liquidación del concurso que presentó la extinta formación, la inscripción de Junts en el registro de partidos y su certificación electoral. La Sala también ha requerido el informe de la Guardia Civil de la causa del 3 % que investiga la Audiencia Nacional, que confirma la «identidad sustancial» entre Convergència y PDECat . Este martes, a raíz de este auto, el PDECat ha vuelto a desvincularse y a reivindicarse como una «formación nueva».

Por otra parte, la Audiencia ha dejado hoy al ‘expresident’ Quim Torra más cerca de su segundo juicio por su desafío con la pancarta separatista. El tribunal tumbó un recurso de la defensa contra la decisión de la juez de enviarle a juicio. Torra ya fue condenado a una pena de inhabilitación por colgarla en periodo electoral –que le apeó de la Presidencia de la Generalitat–, pero ahora se le juzgaría por mantenerla también fuera de esas fechas.