Inmersión lingüística

La Justicia anula los proyectos lingüísticos de cuatro nuevos centros catalanes por excluir al castellano

En total, son ya seis las escuelas e institutos que han tenido que modificar su plan de lenguas por imperativo judicial al no cumplir con el 25 por ciento de clases en español que establece la ley

Un alumno realiza ejercicios de escritura en una escuela catalana AFP

E. Armora

La Justicia falla de nuevo a favor del castellano en la escuela catalana. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado los proyectos linguísticos de cuatro nuevos centros educativos, que se suman a los paralizados el pasado mes de marzo en otras dos escuelas de Cataluña, por excluir al español como lengua vehicular. En total, ya son seis los centros (escuelas e institutos) cuyos planes de lenguas han sido declarados ilegales por el alto tribunal catalán al no contemplar el carácter vehicular del castellano como lengua oficial, junto con el catalán.

Se trata de las escuelas Puig de les Cadiretes de Llagostera (Gerona), Aura de Reus (Tarragona), Fragoal de Castelldefels (Barcelona) y el instituto Els Pallaresos de la localidad de Els Pallaresos (Tarragona). Las otras dos que recibieron el varapalo del TSJC en marzo son las escuelas Bogatell de Barcelona y Josefina Ibáñez de Abrera (Barcelona), según ha informado en un comunicado la Asamblea por unas Escuela Bilingüe (AEB), entidad que recurrió los proyectos paralizados. Se da la circunstancia de que la Escuela Frangoal, «aunque ha introducido el español como lengua vehicular para toda la etapa de Educación Primaria y Secundaria en todos los grupos clase, no ha reflejado este cambio oficialmente en su proyecto lingüístico », precisa la AEB en un comunicado.

En sus nuevas resoluciones, similares a las dictadas el pasado marzo, el TSJC anula los proyectos alegando que «no contemplan el carácter vehicular del castellano como lengua oficial, junto con el catalán». En el caso de la que afecta a uno de los centros de marzo, el Bogatell de Barcelona, el alto tribunal añade, además, que decide «anular igualmente cualquier otro proyecto lingüístico del mismo centro que haya podido aprobarse con posterioridad en el caso de que incurra en igual defecto ».

La Generalitat ha recurrido estas resoluciones ante el Tribunal Supremo (TS) con la intención, según denuncia la AEB, de dilatar su aplicación inmediata. Según la entidad, las sentencias del TSJC que declaran ilegales los proyectos de los centros «tienen una trascendencia histórica, en la medida que obligarán a cambiar todos los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos de Cataluña que en un 95 por ciento de los casos sólo establecen que el catalán es la lengua vehicular de enseñanza».

Sentencia decisiva

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó el 16 de diciembre de 2020 una sentencia que obliga a la Generalitat de Cataluña a establecer el 25 por ciento de la enseñanza en español, como mínimo, en todos los centros educativos. Una decisión que se tiene que aplicar de manera «efectiva e inmediata» , si bien la consejería de Educación anunció que recurriría la decisión ante el Supremo.

Desde su fundación en el año 2014, la AEB ha logrado que ya sean más de 2.300 alumnos los que disfrutan de la docencia en español de al menos una asignatura troncal junto con la de lengua castellana . Los centros con grupos clase, con el español como lengua vehicular, se encuentran distribuidos en las poblaciones de: Barcelona, Reus (Tarragona), Palamós (Gerona), Els Pallaresos (Tarragona), Vila-seca (Tarragona), Sant Pere de Ribes (Barcelona), Cubelles (Barcelona), Abrera (Barcelona), Sant Esteve Sesrovires (Baracelona), Sant Adrià de Besos (Barcelona), El Prat de Llobregat (Barcelona), Castelldefels (Barcelona), Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

La AEB avanza en un comunicado que «continuará trabajando para que las escuelas en Cataluña respeten el modelo legal vigente de conjunción lingüística , en el que las dos lenguas oficiales deben ser lenguas vehiculares». En este sentido, la entidad, que preside Ana Losada, considera «fundamental la implicación y reacción ciudadana frente a la imposición ilegal del sistema de inmersión lingüística y las campañas que desde la Generalitat y asociaciones del circulo nacionalista intentan señalar a los profesores y alumnos que utilizan el español dentro de los centros escolares». Es por ello por lo que la entidad ha lanzado una campaña informativa (https://youtu.be/4K3vuQBfYlM) en la que reitera la ilegalidad del sistema de inmersión y anima a los padres a confiar en la AEB para presentar estos recursos y conseguir su aplicación en los centros educativos.

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