Condenan a Deliveroo por despedir a «riders» rebeldes contra su precaridad

Un juez de Barcelona ha condenado a Roofoods Spain, titular de la empresa de reparto de comida a domicilio Deliveroo, por vulnerar derechos fundamentales de nueve trabajadores . La empresa debe readmitir e indemnizar a estos repartidores, varios de los cuales habían participado en concentraciones en contra de las condiciones de precariedad en que trabajan.

El fallo del Juzgado de lo Social número 31 de Barcelona estima en parte las demandas que promovieron diez «riders» de esta plataforma digital de comida a domicilio, aunque en el caso de uno de ellos en particular no lo considera despido. La empresa deberá a abonar a nueve repartidores un total de 6.251 euros a cada uno por haber vulnerado sus derechos fundamentales. Además, tendrá que pagarles entre 123 y 628 euros más por la liquidación de las vacaciones pendientes.

Varios de los demandantes formaban parte de la plataforma «riders x derechos», que denuncian la precariedad de un colectivo que, según denuncian, trabaja como «falsos autónomos». La empresa, en algún caso, justificó que la motivo de la extinción del contrato fue la «embriaguez». Sin embargo, al sentencia deja claro que Deliveroo durante el juicio «ni ha acreditado ni ha intentado acreditar de modo alguno» que esa fuese la razón.

Deliveroo paga cuatro euros a sus repartidores por cada entrega , que los «riders» hacen en sus propias motos o bicicletas. Y, pese a los esfuerzos de la empresa por «aparentar» lo contrario, el juez concluye que los «riders» no son libres de elegir horarios ni tampoco de rechazar encargos, pues se les presiona para que no lo hagan. Deliveroo lleva un control sobre sus trabajadores «minuto a minuto de elevadísima intensidad, impensable en una relación que se pretenda presidida por la autonomía del repartidor», recalca el fallo, que la empresa ya ha anunciado que recurrirá.

En octubre de 2020 está previsto un juicio entre Deliveroo y 748 repartidores para determinar qué relación hay entre ambos y aclarar si son «falsos autónomos», como los trabajadores denuncian.