El «caso Palau», proceso a una época, llega a juicio siete años después

Siete años, siete meses y seis días después de que los Mossos d’Esquadra se personaran en el edificio del Palau de la Música Catalana en busca de documentación que acreditase el posible desvío ilícito de fondos, hoy comienza la vista oral del juicio del «caso Palau». Desde aquel 23 de julio de 2009, una de las instituciones más emblemáticas de Barcelona, que aunaba a todos los colores políticos y sociales de la ciudad, ha sufrido un desgaste en su prestigio arrastrado por los que entonces dirigían la gestión de la entidad y son los principales acusados en el caso: Jordi Montull y, sobre todo, Fèlix Millet, saqueador confeso.

A este terremoto hay que sumar la derivada política, pues en el juicio también se dilucidará si Convergència Democràtica de Catalunya (CDC, ahora PDECat) se financió irregularmente, a través de un entramado del que el Palau formaba parte como posible repartidor del dinero, que entregaban las constructoras a cambio de contratos públicos.

La fiscalía lo define como un «pacto criminal estable» entre el partido y la institución, iniciado en 1999. A cargo de esta posible responsabilidad civil a título lucrativo, la formación política tuvo que avalar, primero, con su sede principal (vendida en 2015) una fianza de 3,3 millones de euros impuesta por el juez instructor del caso; y, después, con otras 15 sedes más al elevar la fianza hasta los 6,6 millones de euros.

25 millones desviados

Cuando el fiscal de Delitos Económicos, Emilio Sánchez Ulled, accedió al Palau en 2009 acompañando a los agentes de la policía autonómica la sospecha era que 2,29 millones se habían desviado de las cuentas del Palau a otras ajenas a la entidad. Tras la investigación, que se alargó hasta 2013 –tras los sucesivos relevos de juez instructor–, Sánchez Ulled acusa a los imputados de desviar unos 25 millones.

La sección 10 de la Audiencia de Barcelona juzgará a 16 personas (cinco como responsables a título lucrativo y el resto subsidiariamente) durante 55 sesiones (está previsto que el juicio finalice el 27 de junio).

Los principales acusados son Millet y Montull, para los que la fiscalía pide 27 años y seis meses de cárcel y multas que suman hasta 20 millones por los delitos de malversación de caudales, falsedad documental, apropiación indebida y contra la hacienda pública, entre otros. Gemma Montull, exdirectora financiera del Palau, por la que se pide 26 años de prisión; Rosa Garicano, exdirectora; y Daniel Osàcar, extesorero de CDC, acusado de cobrar para el partido supuestamente las comisiones que las empresas entregaban al Palau, se suman como responsables a título lucrativo.

Además, se sentarán en el banquillo Pedro Buenaventura y Juan Elizaga (exdirectivos de Ferrovial); Miguel Jiménez Salinas, Juan Manuel Parra, Pedro Luis Rodríguez, Vicente Muñoz, Juan Antonio Menchén y Ramon Marc Martí (empresarios); Raimon Bergós Civit y Santiago Llopart (abogados); y Edmundo Quintana (asesor fiscal).

Durante las 55 sesiones de las que consta la vista oral pasarán 115 testigos, entre los que destacan Mariona Carulla (actual presidenta del patronado de la Fundación del Palau de la Música), Andreu Viloca (extesorero de CDC e imputado en el «caso 3%»), Jordi Turull (portavoz de Junts pel Sí en el Parlamento de Cataluña), Felip Puig, Joaquim Nadal y Pere Macias (exconsejeros de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat entre 1997 y 2010), Joan Antoni Llinares (director general de los Mossos d’Esquadra tras el registro policial), Jordi Vivancos (exgerente del Orfeó Català), Elisabeth Barberà (exsecretaria de Millet), y Óscar Tusquets y Carles Díaz (arquitectos de la ampliación del edificio del Palau).

La Audiencia de Barcelona tiene previsto que tras las testificales y las intervenciones periciales se dedique el mes de junio para las sesiones de las conclusiones, los informes y el turno de última palabra para los 16 acusados.

El caso Palau, proceso a toda una época, llega por fin a juicio. La venerable institución, supuestamente utilizada como vehículo para la financiación de CDC, trata de recuperar un prestigio manchado por quienes siendo sus gestores la saquearon sin contemplaciones.