La violencia de género desata un nuevo choque entre Junta y Gobierno

Nuevo encontronazo entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno central. Al ya producido la semana pasada en materia educativa se une ahora otro rifirrafe a costa de un protocolo de actuación sobre violencia de género. Fue el pasado viernes cuando el Ministerio de Justicia suscribió este documento de colaboración para la «atención y derivación ágil y directa» de las víctimas que no hayan presentado denuncia entre las Oficinas de Asistencia a este colectivo y los servicios sociales y especializados de las comunidades que no tienen transferidas las competencias en el área de justicia.

En el comunicado sobre este acuerdo, el departamento dirigido por Pilar Llop destacó que «con la excepción de Castilla y León», todas las autonomías de competencia del Ministerio de Justicia se adherían al mismo . Algo que desde la Junta justificaron en que ya están en marcha en sus territorio las medidas incluidas en el texto. Ayer, la propia ministra se volvía a referir a este asunto y aseguraba que la comunidad castellano y leonesa ha sufrido un «retroceso sin parangón» por ser la única de las autonomías sin las competencias judiciales que no se unió al acuerdo. Llegó a decir que el pasado viernes fue un «día triste» en el que «se traicionaron los derechos de las mujeres, informa Ep.

Las declaraciones de la ministra se unen a otras pronunciadas por otros miembros del Ejecutivo central sobre la coalición de PP y Vox que gobierna en Castilla y León, en las que alertaban de que estarían «vigilantes» para que no produjera «ningún retroceso» en los derechos de las mujeres. Llop no culpó directamente al partido de Abascal, pero lo achacó a la «responsabilidad de un gobierno que tiene que tener en el frontispicio de sus políticas públicas lo que es base de la democracia: la igualdad y eso brilló por su ausencia».

Instantes después, la consejera de Familia, Isabel Blanco, calificó estas declaraciones de «absolutamente tendenciosas, malintencionadas y con falta de rigor», ya que se habían aportado «desde hace meses» las explicaciones a la ministra. Así, la Junta detalló que el 16 de febrero se les trasladó el protocolo y el día 3 de marzo Castilla y León respondió que no se uniría porque ya está ejecutando las medidas del documento, a través de un acuerdo con el TSJ de 2016. De haberse adherido, «se habría incurrido en una situación de duplicidad», explicaron además de subrayar que Castilla y León ha demostrado «desde hace años» su compromiso en la lucha contra esta lacra y por delante de otras regiones «como demuestra el acuerdo pionero» con la Delegación del Gobierno para potenciar la actuación e intervención de oficio ante posibles casos en los que no exista denuncia.