Los sindicatos ceden y vuelven a negociar para que las 35 horas se aplique en 2020
La Junta responderá el día 21 a la propuesta con un planteamiento «asumible», aunque UGT, CSIF y CCOO mantienen la llamada a la huelga
Vuelta a la mesa de diálogo, y con voluntad de entendimiento. Después de levantarse sin acuerdo el pasado 26 de septiembre, dar por rotas las conversaciones y reiterar que «no» había nada que negociar con la Junta de Castilla y León para aplicar la demandada vuelta a la jornada laboral de 35 horas entre los empleados de la administración autonómica, los sindicatos mayoritarios de la Función Pública -UGT, CCOO y CSIF- reconocen el «malentendido» y abren de nuevo la puerta a la negociación, con el «cómo» y el «cuándo» hacerlo efectivo como principales escollos.
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De hecho, ayer llevaron su propuesta al presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y desde el Ejecutivo autonómico se comprometieron a estudiarlo y llegar a la nueva cita cerrada para el 21 de octubre con su planteamiento. No significa que los sindicatos entonces lo acaten, pues lo tendrán que analizar y someter al veredicto de sus afiliados, pero ya en esa voluntad de continuar conversando hay un cambio de actitud. «Hoy -por ayer- hemos entendió que quiere cumplir el acuerdo», valoró Ana Rosa Arribas, de CCOO, tras reconocer que un «malentendido» sobre la posición de la Junta fue lo que les hizo dar por rotas las negociaciones. También, convocar un calendario de movilizaciones, que sigue en pie, pues no tienen acuerdo algún sellado, pero con voluntad mostrada por ambas partes de llevar las conversaciones a buen puerto.
Entenderse mutuamente
Las dos hora y media de diálogo ayer en el despacho del presidente en un ambiente «cordial» sirvieron para «entender» los «problemas» y «dificultades» que a las dos partes plantea el regreso a las 35 horas semanales desde las 37,5 en las que están desde que se amplió la jornada por la crisis, y dejar la «pelota» en el «tejado» de la Junta. Del lado, los empleados públicos, que reclaman el cumplimiento del acuerdo firmado con el anterior Gobierno autonómico el 21 de mayo. Del del Ejecutivo, con el «compromiso y voluntad inequívoca» y «fuera de toda duda» del «cumplimiento», bajo unas premisas que no pierde de vista: hacerlo en «condiciones de equidad» para los 85.000 empleados en la nómina autonómica; que permita el mantenimiento de la «calidad» de los servicios que se prestan y la «estabilidad», de modo que «pueda ser prolongado en el tiempo no se tenga que volver a retroceder», insistió el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, responsable de la Función Pública.
Esa reducción de dos horas y media semanales la jornada laboral supone también un coste económico y unas necesidades a mayores de personal, sobre todo en Sanidad y Educación -cifras en las que tampoco coinciden-, aunque Ibáñez no quiso decir el «peso porcentual» de cada una. «La Junta va a trabajar intensamente en analizar la propuesta y mostrar una propuesta asumible», avanzó el consejero, quien no entró en detalles sobre lo planteado desde los sindicatos, que reclaman que en 2020 se vuelva a la jornada de 35 horas que se ha estado aplicando en horario de verano.
El «cómo» y el «cuándo» hacerlo efectivo es lo que distancia las posturas. De ahí la insistencia reclamada desde las centrales sindicales para «saber cuándo empieza a ser vigente», pues consideran que ya «hay un retraso» en la aplicación del acuerdo, «que podemos asumir si luego hay compensaciones», avanzaron.
No desconvocan la huelga
Y la espera de llegar al entendimiento, mantienen las movilizaciones: la primera el día 17, seguida da un paro parcial el 25 de octubre y la llamada a la huelga general entre los empleados de la administración autonómica para el 6 de noviembre -a cuatro días de las elecciones generales-. «Nos encantaría retirar las movilizaciones», reconoció el presidente regional de CSIF, Carlos Hernando. Pero, por hasta que no lo tengan todo atado y bien atado, no dan marcha atrás. «Mientras no tengamos nada en la mano», siguen convocadas, subrayó Tomás Pérez, de UGT, quien reconoció que «entendemos las dificultades» de la Junta para aplicar este acuerdo.
De hecho, no sólo valoran el avance en la «voluntad» de seguir negociando hasta el entendimiento, sino que, pese a advertir del retraso en la aplicación, reconocen las «dificultades» de la Junta, por la carencia de Presupuestos, el haber heredado un convenio firmado por el anterior Gobierno y el «retraso» hasta que el nuevo no echó a andar, bien entrado el verano.
