Nacen las primeras seis comunidades de regantes con aguas subterráneas

Castilla y León está a punto de contar con las primeras seis grandes comunidades de regantes que utilizan aguas subterráneas en su actividad agrícola. Se trata de agrupaciones en las que el agua procede de los acuíferos y no se encuentra en superficie, como es lo habitual, una fórmula por la que han optado agricultores que han iniciado ya los trámites para dar forma a estas comunidades que están situadas en la provincia de Segovia -en Cuéllar, Fuentidueña y dos en Vallelado-, una en la localidad salmantina de Cantalpino y otra en la abulense de Fontiveros.

La medida busca, sobre todo, poner orden en este tipo de captaciones después de que algunos de los productores se hayan tenido que enfrentar a cuantiosas multas por regar parcelas para las que no se tenía autorización, a pesar de estar contiguas a la captación.

Además, no hay que olvidar que los acuíferos también sufren los efectos de las sequía y se encuentran muy mermados, más aún en zonas agotadas desde hace años, como es el caso segoviano de Los Arenales.

De hecho, han sido, precisamente, las sanciones impuestas desde la Confederación Hidrográfica del Duero, que ha abierto 176 expedientes actualmente en tramitación, lo que llevó al organismo de cuenca a buscar la forma de racionalizar la gestión del agua. Para ello, se puso en marcha una campaña de información mediante encuentros con agricultores y organizaciones agrarias de esta zona central del Duero con el objetivo de dar pautas de actuación.

El resultado ha sido el nacimiento de las primeras seis comunidades de regantes de aguas subterráneas, que pueden estar formadas por hasta 50 productores y abarcar una superficie de 2.000 hectáreas cada una. Se trata de una figura que en la cuenca del Duero tiene pocos precedentes, no así en otras cuencas con mayores problemas de agua, como pueden ser las del Guadiana, Júcar y Segura.

«Son seis experiencias importantísimas para la gestión del Acuífero de Los Arenales», aseguró a ABC el presidente de la CHD, Juan Ignacio Diego Ruiz, que informó, además, de que también han entrado peticiones de 84 modificaciones de características de concesiones que existían ya, lo que, en la práctica, implica la constitución de pequeñas comunidades de usuarios de hasta 20 comuneros que buscan, así, disponer de tierras en rotación.

Se ha conseguido, además, que el problema «se esté minorando, con lo que se camina así hacia una gestión más racional de los acuíferos. Diego Ruiz aseguró que «en la medida en la que se avance y se den los pasos para la constitución de comunidades de regantes o usuarios eso se tiene en cuenta a la hora de ejecutar la multa». En un principio, se hablaba de sanciones de 700 euros por hectárea pero a la hora de valorar los daños la CHD está teniendo en cuenta si son fincas en rotación o si han producido daños al dominio público, ya que «no es lo mismo una finca que está en rotación, a un regadío sin ningún tipo de permiso porque lo que nos importa es la extracción abusiva del agua».