Maroto y Herrera, al presidente de Vestas: «El cierre es una medida injusta y abusiva»
En la carta remitida a la multinacional le advierten de que el cierre afectará a su «imagen global»
La ofensiva conjunta de la Junta y el Gobierno central para tratar de evitar el cierre definitivo de la factoría de Villadangos del Páramos (León) ya ha llegado hasta Dinamarca en forma de una contundente misiva firmada por el presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, y la ministra de Industria, la vallisoletana Reyes Maroto, en el que se reclama una reunión «urgente» para la que todavía no hay respuesta ni fecha. Ambos responsables políticos se dirigen directamente al presidente del consejo de administración de la multinacional dedicada a fabricar aerogeneradores para trasladar su «absoluto rechazo sobre el fondo y las formas de una decisión industrial -el ERE de extinción- que consideramos tremendamente desacertada, injusta, abusiva e irresponsable». En la carta, a la que al menos hasta ayer por la tarde no habían respondido los responsables de la empresa, tanto Herrera como Maroto le recuerdan que Vestas ha contado «con el inequívoco apoyo financiero» de los dos gobiernos «desde el inicio mismo» de su actividad en localidad leonesa.
A la espera de que la firma finalmente se pronuncie sobre la reunión al más alto nivel solicitada desde Valladolid y Madrid, el texto remitido ya advierte de que este tipo de decisiones «afectará muy negativamente al prestigio e imagen global de una empresa que defiende supuestamente una gestión industrial responsable con el entorno territorial que le rodea». Ante esta situación, presidente y ministra muestran al principal mandatario de Vestas «nuestro disgusto y sorpresa en su proceder y comunicación de tan fatal decisión para los intereses de León, de Castilla y León y de la industria española» y le recuerdan que había programada una reunión el próximo día 3 entre la propia empresa y los máximos titulares de los principales ministerios con competencias en política energética e industrial.
Tras resaltar que el cierre afectaría «directamente a 500 trabajadores y sus familias» y, de forma indirecta, «a cerca de 2.000 empleados en la provincia de León» y exigirle que «la paralización» del expediente de extinción de empleo, les acusa de no haber actuado «con la más mínima responsabilidad» a la vista «de las formas empleadas en la comunicación y gestión de esta crisis».
Sobre este asunto también se pronunció ayer la consejera de Agricultura y portavoz de la Junta, Milagros Marcos. Tras agradecer el «esfuerzo compartido» con el Ministerio de Industria, aseguró que no dudarán en llevar el caso a las instancias europeas, ya que «todos los países de la UE tienen que saber que esta empresa danesa, que ha recibido hasta 13 millones de euros para mantener su actividad y generar beneficios en la Unión, una vez ha cumplido el plazo en que tenía que devolver esas ayudas ha determinado el cierre y la extinción laboral de su compromiso». Según explicó, aún confían en que la reunión solicitada tenga lugar. De no producirse, estudiarán la situación, puesto que «lo que haya que hacer se hará para intentar ayudar a los trabajadores, a la industria de Castilla y León, y para desenmascarar a una empresa que percibe ayudas con fondos europeos y persigue fines que no pasan por el desarrollo de los países de la Unión».
Expropiación
Mientras, el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, criticó la «absoluta deslealtad» de la multinacional y exigió a los responsables de la compañía una «interlocución directa» con responsables capaces de presentar una «propuesta de futuro para la planta de León».
Por último, IU de León anunció ayer que pedirá a las administraciones la expropiación -rechazada ya ayer por la Junta- de las instalaciones, maquinaria y producción almacenada en la planta de la empresa Vestas en el polígono de Villadangos del Páramo si la multinacional no reconsidera su decisión de cerrar la factoría.
Esta medida, aseguraron en un comunicado, serviría como «compensación inicial a todas las subvenciones recibidas y a los más de 90 millones de euros que debe al fisco español» la compañía de matriz danesa, a la que calificaron de «empresa cazasubvenciones», informa Ical.
