«Fiscal» de las administraciones
Javier Amoedo dejará el cargo de Procurador del Común tras trece años en los que ha enmendado la plana a las instituciones sin importarle el color político
El punto y aparte que en 2005 puso a su carrera profesional como fiscal para ocupar el cargo de Procurador del Común de Castilla y León no significó para Javier Amoedo (Vigo, 1937) dejar a un lado esa labor «fiscalizadora». De poner la lupa sobre presuntos delitos a centrar el escrutinio de su mirada en lo hecho y dejado de hacer por las administraciones de la Comunidad. A Junta de Castilla y León, diputaciones, ayuntamientos y juntas vecinales ha sentado en estos trece años en su particular «banquillo de los acusados» como «defensor de los ciudadanos», como él mismo se ha definido. A sus quejas ha dado voz Javier Amoedo, quien no se ha mordido la lengua a la hora de enmendar la plana a las administraciones -independientemente del color político- e incluso ha llevado al Ministerio Fiscal a cinco ayuntamientos por «falta de colaboración».
Han sido una excepción, pues, como él mismo ha reconocido en varias ocasiones, «la mayor parte de las veces» ha contado con la cooperación de las administraciones a las que saca los colores. Pero, ha alertado también, lo hacen «no con la diligencia que nos gustaría». Un tirón de orejas que ha reiterado año tras año en la presentación del informe anual ante las Cortes de Castilla y León, el órgano que en 2012 le reeligió por una holgada mayoría (82 votos a favor de los 84 procuradores) para un segundo y último mandato que oficialmente acabó en abril de 2017. Desde entonces, Amoedo ha permanecido en funciones en un puesto para el que, pese a las desavenencias y dificultades, PP y PSOE han encontrado sustituto, el catedrático de Derecho Administrativo Tomás Quintana López.
A él le cederá Amoedo el testigo, como tercer defensor del pueblo en la Comunidad, dejando tras de sí un legado que no sólo incluye haber recogido y dado voz a las quejas de los ciudadanos, sino también a iniciativas de oficio, algunas de las cuales han sido asumidas por las instituciones. «No he hecho más que trabajar, con independencia, objetividad y siempre pensando en las necesidades de los ciudadanos», defendió en mayo de 2017, en la que tenía que haber sido la presentación del último informe con sus firma. Pero no. Este 2018, ya en funciones, subió de nuevo a la tribuna para defender su labor, respaldada y alabada por todos los grupos políticos. Un aval que ganó peso al llegar justo cuando el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, criticó su independencia y la de sus trabajadores y cuestionó a Amoedo por su edad (81 años).
Las «multitas» a los bares
En la huella impresa por este licenciado en Derecho que hasta su nombramiento como Procurador del Común era fiscal jefe de la Audiencia Provincial de León , iniciativas como haber logrado con una petición de oficio que los niños prematuros puedan comenzar el colegio un año después. Ha sacado los colores a las administraciones por la, a su juicio, falta de control informático infantil en las bibliotecas públicas tras comprobar que menores sin supervisión utilizaban juegos violentos en los que se mataba y mutilaba a personajes. Ha afeado la falta de difusión de ayudas sociales , como las habilitadas para la financiación del copago farmacéutico a personas con enfermedades crónicas y en riesgo de exclusión. O ha cantado las cuarenta por la «inexistente» presencia de alumnos de etnia gitana en centros privados y escasa en los concertados, lo que «colabora, consolidad y legitima» la diferenciación social.
Llamativas también sus reiteradas q uejas por el exceso de ruido en locales de ocio y terrazas . Como sufridor reconocido, ha insistido en pedir correctivos más severos, que no se queden en una « multita que pagan con una noche de copas en la que vuelven a vulnerar el límite interpuesto».
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