Cs frena la denuncia de los militantes al comprometerse a seguir investigando

Si en Ciudadanos confiaban que el paso del tiempo iba a ser la fórmula para hacer olvidar a sus bases que hubo «pucherazo» en las primarias para elegir al candidato autonómico en Castilla y León y que, a partir de reconocer la manipulación en la votación, la sombra de la sospecha se extendió a otros procesos, nada más lejos de la realidad. Por más que desde la dirección nacional se haya intentando lanzar un mensaje de tranquilidad, afirmar que todo estaba resuelto y que no hubo nada más allá de los 82 votos fraudulentos detectados en esta Comunidad, la militancia insiste en conocer. Tanto que, ayer, la formación de Albert Rivera tuvo que mover ficha para evitar verse en los juzgados bajo el dedo acusador de su propia militancia.

Con el plazo cumplido para dar explicaciones, Ciudadanos trata de llamar a la calma y la Comisión de Garantías y Valores del partido ha respondido a la Plataforma que «se siguen realizando las gestiones y averiguaciones necesarias para esclarecer, en la mejor y mayor medida, los hechos denunciados», según un escrito de este órgano conocido por la Ser, informa Ical. Un movimiento con el que ha logrado frenar la denuncia ante los juzgados. Por el momento, la Plataforma de militantes que denunció presuntas irregularidades en las primarias da una tregua de una semana al partido antes de presentar la anunciada querella contra su propia formación.

La Comisión de Garantías asegura que el resultado de los trabajos, en los que lleva casi un mes, «será conocido por toda la militancia en el momento en el que finalice toda la investigación». Un reconocimiento que no sólo ha servido para calmar las aguas que a nivel interno están revueltas por más que la dirección nacional simule tranquilidad en la superficie. También supone un giro en el avance de los acontecimientos, pues la semana pasada varios dirigentes de la formación naranja daban por cerrado el asunto. Se conocía incluso un informe de la propia Comisión de Garantías daba por zanjadas las denuncias surgidas tras haberse reconocido el pucherazo en Castilla y León, aunque no aclaraba cómo se gestó ni quién articuló los votos fraudulentos para imponer a la expopular Silvia Clemente -apuesta del partido- frente al diputado de Cs Francisco Igea, finalmente declarado candidato al anularse 82 votos. Incluso, en ese texto advertía de que esa proyección de desconfianza hacia el partido podía derivar en sanciones para los afiliados.

La respuesta a la Plataforma llegó tras haber remitido a la Comisión de Garantías un informe jurídico en el que argumentaban la posibilidad de que se hubieran cometidos irregularidades de los procesos de primarias para elegir candidatos celebrados en el mes de marzo y que se detectaron en un ordenador del partido en Madrid, informa Efe. Aunque con el freno pisado por ahora, el centenar de concejales, cargos de juntas directivas y afiliados que integran la plataformas han dado instrucciones al despacho de abogados que les lleva el asunto para que tenga preparados los trámites de la querella que podría presentarse ante la Audiencia Nacional. Esas posibles irregularidades que están dispuestos a llevar a la Justicia afectaría a los procesos de elección internos en sitios como Castilla y León, pero también Madrid, Murcia y Cantabria. Todo después de que incluso el propio líder del partido, Albert Rivera, insistiese la semana pasada en dar carpetazo y asegurase que el asunto está «solventado», que ha abierto un profunda herida en Ciudadanos en plena carrera hacia las urnas y que casi un mes después de producirse sigue sin cicatrizar. Fue el 9 de marzo cuando se conoció el resultado de las primarias en Castilla y león, y sólo un día después la sombra de la duda se extendió y la proclamación de Clemente quedaba en suspenso, para ser rectificada el lunes 11, dando la victoria a Igea tras anular esos 82 votos fraudulentos.

Aunque la Plataforma no haya denunciado aún, el asunto ya está en los juzgados desde la semana pasada, después de que la Fiscalía de incoase diligencias de investigación penal por el pucherazo en Castilla y León tras recibir una denuncia anónima sobre el caso. Algo que llevó a Igea también a entregar parte de la documentación requerida.