La Audiencia de Valladolid decide este martes sobre una posible suspensión del juicio de la Perla Negra

Cerca de nueve años han pasado desde que el caso comenzara su andadura en los juzgados hasta la fecha de hoy, en la que estaba previsto el inicio de la vista oral por la trama de la Perla Negra , que sentaba en el banquillo de los acusados a la excúpula de la Consejería de Economía de Castilla y León, pero la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid podría decidir suspender el juicio y devolver las diligencias a instrucción con el fin de subsanar un «insuficiente» traslado de las actuaciones que las partes han advertido que podría vulnerar el derecho de defensa.

La vista comenzaba esta mañana con las cuestiones previas en las que varias defensas de los doce imputados por un presunto pelotazo urbanístico en la Perla Negra y el Parque Empresarial de Portillo han llamado a la atención sobre la no disposición de determinada documentación. Una apreciación que ha sido compartida por las acusaciones, solicitando todas el regreso de la causa a instrucción para que el letrado de la oficina judicial confiera el traslado de las actuaciones y se «certifique que ha sido completo» para garantizar el derecho de defensa y evitar «posibles cuestiones de nulidad en el futuro» advertía la Fiscal del caso, Ana Valle.

«Todos debemos disponer de los mismos documentos y no ha sido así» ha aseverado la Fiscal . La acusación particular, ejercida por la Junta, y la popular, por el PSOE, se han adherido a su petición.

Prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración son los delitos por los que están acusados excargos de las empresas públicas desde donde se impulsaron las operaciones, empresarios que pudieron beneficiarse de las mismas y ex altos cargos como el delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, y los que fueran mano derecha del fallecido Tomás Villanueva cuando estaba al frente de Economía, sus exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, Para estos tres últimos, la Fiscalía pide la pena más elevada, once años de prisión.