El Juzgado archiva la causa por la denuncia anónima por las primarias del PP

El Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca decretó el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias abiertas para investigar el proceso electoral de primarias del Partido Popular de Castilla y León, al carecer los hechos de tipicidad penal. El auto de archivo aclara que «la formación de la causa no perjudica a la reputación de las personas citadas en el escrito de ‘denuncia anónima’ origen del presente procedimiento», informa Ical.

La resolución señala que “el escrito de denuncia relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva”. La denuncia obligó a la apertura de un procedimiento penal, por lo que el juez concluye que “la persona ‘denunciante anónima’ ha obrado con temeridad y mala fe, por lo que será condenada al pago de la totalidad de las costas procesales causadas, las cuales se tasarán y ejecutarán si en algún momento fuere identificada la referida persona ‘denunciante anónima’ que ha provocado el inicio de las presentes actuaciones”.

Ante esa denuncia ‘anónima’ presentada en la que se refería a las conversaciones en las que se habría instado a cargos de confianza, así como a concejales del PP a abonar cantidades de dinero para pagar las cuotas pendientes de afiliados, el auto refleja que a través de las declaraciones presentadas a finales de mayo de 2017, los cargos electos municipales del PP en el Consistorio, por un lado, y los de la Diputación, por otro, decidieron aportar la cantidad de 500 euros para sufragar la puesta al día del pago de cuotas de los afiliados, para que éstos pudiesen participar en las elecciones primarias convocadas en marzo de ese año “sin que en ningún momento existiese presión, intimidación o amenaza alguna”, ni que les apercibiese con consecuencias políticas negativas, sino que, todos y cada uno de los cargos electos, “aceptaron llevar a cabo la aportación dineraria en apoyo al proceso electoral de primarias convocado”.

Sobre el auto cabe un recurso de reforma que ha de presentarse en el plazo de tres días desde la notificación, o un recurso de apelación, en el plazo de cinco días desde la notificación.