El fiscal, sobre la acusación al 'Piojo', su hermano y dos cómplices: «Si hace cua, cua, es pato»
En la última jornada del juicio, se mantiene en sus duras penas de prisión para Jonathan y Miguel Ángel, 'el Negro’, mientras que su letrado cuestiona el proceso: hay una «vulneración de derechos fundamentales» y una «falta de garantías procesales»
Dos horas y siete minutos empleó este jueves el fiscal Juan Luis Ortega para explicar una tesis que resumió con una onomatopeya: «Si hace cua, cua, es pato». Se refería a que una suma de numerosos indicios, ante la falta de pruebas en este caso, es suficiente para solicitar casi cuarenta años de cárcel para cada uno de los hermanos Moñiz Alcaide, Jonathan (‘el Piojo) y Miguel Ángel (‘el Negro’) , además de penas menores para dos acusados más, José Luis y Dionisio.
El fiscal soltó la expresión mediada su intervención en la causa, que quedó vista para sentencia en la Audiencia provincial de Toledo tras una sesión continua de seis horas. Una jornada que había arrancado con el duro testimonio de un vigilante de Yunquera de Henares (Guadalajara), víctima de uno de los violentos golpes atribuidos a los cuatro encartados. «Dejé el empleo por ansiedad, temía por mi vida. Ahora trabajo 20 horas a la semana y gano 400 euros», dijo.
Los abogados de los procesados aseguraron, en cambio, que esa prueba indiciaria o indirecta no sostiene la calificación del Ministerio Público. Emilio Rodríguez Marqueta, el letrado de Jonathan, Miguel Ángel y José Luis, fue más lejos: hay una «vulneración de derechos fundamentales» y una «falta de garantías procesales», porque hubo «ocultación de parte de los datos» en la investigación de la Guardia Civil. Aludía así al hecho de que los agentes instalaron una baliza para seguir el coche de una amiga de Miguel Ángel, pero que tuvieron que retirar horas más tarde porque no fue autorizada por un juzgado.
El fiscal, sin embargo, defendió con vehemencia su tesis: una relación de indicios engarzados demuestran los delitos de los que acusa a los cuatro procesados, incluido Dionisio, al que calificó de «verso suelto» en este procedimiento. Esos indicios, que no pruebas directas como recalcó, evidencian que fueron los autores de varios robos de vehículos y de un atraco a un negocio de joyería en Córdoba, en el que el valor del botín osciló entre los 400.000 y 500.000 euros; que emplearon la violencia en sus golpes, que iban armados y que formaban un grupo criminal.
Entre esos indicios, el fiscal citó el uso de placas de matrículas dobladas; las geolocalizaciones de sus teléfonos móviles; que tuvieran en su poder vehículos denunciados como robados’ o las llaves de esos automóviles en sus viviendas. Y también que tuvieran dos armas de fuego, pasamontañas y las joyas del atraco de Córdoba, ocurrido el 22 de noviembre de 2018, cuando fueron detenidos ese mismo día por una treintena de guardias civiles junto a la casa de Miguel Ángel en Ontígola. Un cuádruple arresto en el que 'el Piojo' fue herido de bala en los pies.
El fiscal subrayó que la «tesis alternativa» que los inculpados expusieron en la primera jornada del juicio apareció de sopetón. Fue en enero de 2020 cuando hablaron de que habían estado en Andújar (Jaén) para recoger unas joyas a cambio de una comisión. Sin embargo, en la vista se negaron a contestar a las preguntas de las acusaciones.
Aunque las defensas trataron este jueves de tamizar las carreras delictivas de los reos, las tres sesiones estuvieron rodeadas de un gran despliegue policial, tanto dentro como fuera de la sala, donde los cuatro estuvieron esposados. Se debió, principalmente, a la peligrosidad del ‘Piojo’ y de su hermano, que se fugaron de la cárcel de Valdemoro (Madrid) hace casi un año.
En la última jornada, el tribunal también escuchó pacientemente a Miriam Vergara, abogada de Dionisio, que rechazó la tesis acusatoria. En una exposición impetuosa, la letrada defendió que el billete de Lotería que implicaría a su cliente -uno similar fue robado en el golpe de Córdoba- lo podría haber comprado en cualquier sitio. «¿Y qué? Yo he comprado lotería de Córdoba en Toledo» , remachó. Añadió que hay «contradicciones» por parte de la Guardia Civil y que los hechos no sucedieron como se relata en el atestado. Todo lo contrario que el fiscal, para quien la cosa está clara: «Si hace cua, cua, es pato».
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