Antonio Zárate
¿Ladrillo o patrimonio en la Vega Baja y La Peraleda?
«Toledo goza todavía de unos paisajes y unas panorámicas desde las vegas que la convierten en un hecho único e insólito, a pesar de la 'mordida' al paisaje, la mayoría de dudosa legalidad»
En la actualidad, el concepto de patrimonio se ha democratizado y afortunadamente la mayor parte de la sociedad es sensible a la conservación de restos del pasado, de valor histórico y a menudo también artístico , y por supuesto, a la protección de paisajes que constituyen en sí mismos elementos imprescindibles por sus significados culturales y los que aportan a otros, como los que en Toledo suponen los paisajes de Vega respecto al Centro Histórico, asentamiento principal de nuestros antepasados durante siglos. Esa conservación de lo que nos llega del pasado, incluido el paisaje, ha sido posible por los esfuerzos generalizados desde la escuela para mejorar la educación y formación cultural de la sociedad, pero también por la creciente toma de conciencia de los responsables públicos para salvaguardar y poner en valor lo recibido de otras generaciones, en definitiva, lo que en España se viene haciendo desde una primera Real Cédula de 1803 que establecía criterios y normas para la conservación de los monumentos y vestigios del pasado. Sin alejarnos tanto en el tiempo y saltando por otras normas y actuaciones más recientes para la preservación del patrimonio, y el paisaje es patrimonio (Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO en París de 1972 y 1992), nuestra propia Constitución dice en su Artículo 46: Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Y en ese mismo sentido podríamos seguir haciendo referencia a normas legales autonómicas, nacionales (especialmente la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985), pero también internacionales, emanadas de la Unesco o de la Unión Europea, y todas de obligado cumplimiento por llevar la firma del gobierno español.
Por lo tanto, cualquier lector entenderá que los poderes públicos, desde los estatales a los municipales y autonómicos, están obligados a conservar las huellas del pasado , sean materiales, como monumentos, restos arqueológicos y paisajes, o inmateriales. Por eso, gran parte de la Vega Baja y La Peraleda, así como de la Vega Alta, siguen sin construir, no sólo desde hace 13 años, desde la paralización de la UA Vega Baja por el presidente Barreda en 2006, con apoyo del movimiento ciudadano y de las instituciones culturales, sino desde mucho antes, desde la declaración de Toledo como Conjunto Histórico en 1940, junto con Santiago de Compostela (1940) y después de Córdoba (1929) y Granada (1929). Desde entonces, el Ayuntamiento y el planeamiento oficial de la ciudad han estado condicionados por aquella declaración y por la definición de unas zonas de protección de paisaje por la Dirección General de Bellas Artes en 1968, dentro de las que se encuentran las Vegas, la Alta y la Baja. Toledo goza todavía de unos paisajes y unas panorámicas desde la Vega Baja y Alta que la convierten en un hecho único e insólito, a pesar de las «mordidas» al paisaje, la mayoría de dudosa legalidad. Así, aún podemos reconocer el paisaje pintado por El Greco en su vista del Metropolitan (1598), en el «Laoconte y sus hijos» (1609) de la National Gallery de Washington y en tantos otros cuadros, o incluso, retrotraernos a la vista de Toledo de Wyngaerde (1562).
Precisamente esos paisajes fueron componentes para la declaración de Toledo como «Ciudad Patrimonio de la Humanidad» en 1986 y “Ciudad de Valor Excepcional Universal" en 2013. Todas esas imágenes son patrimonio y señas identitarias que los políticos tienen obligación de administrar, proteger y trasmitir a posteriores generaciones, no pueden ser destruidos y privatizados, como sucede con los bloques de la UA-34, Ampliación de Santa Teresa.
Por otra parte, si a los valores patrimoniales del paisaje de la Vega Baja y La Peraleda se añade la existencia de restos arqueológicos de distintas épocas, algunos de gran calidad y belleza expuestos en el Museo de Santa Cruz, no solo visigodos sino también romanos, islámicos, tardomedievales o posteriores, es aún más fácil entender las razones por las que parte importante de esos espacios se hallan todavía libres de edificación, convertidos en «erial» para unos, o en «barbecho urbano» para los geógrafos, en este caso a la espera de plusvalías generadas por el tiempo que los hagan rentables para los intereses inmobiliarios, lo que no pasó en 2012, cuando grandes carteles en La Peraleda anunciaron la venta de viviendas que no se llegaron a construir afortunadamente por falta de demanda , y lo que sí se espera que ocurra en la Vega Baja, aquí no por un crecimiento demográfico que lo justifique y que Toledo apenas tiene: de 84.019 habitantes en 2012 a 84.282 en 2018. ¿Dónde están los 140.000 previstos para 2020 por el Ayuntamiento en el POM de 2007? Hoy las expectativas inmobiliarias en Vega Baja no van más allá de una oferta residencial para vecinos procedentes de otros barrios o para inversiones especulativas de dentro y fuera de la ciudad, en todo caso para personas con solvencia de renta para permitirse el traslado y disfrutar de un lugar exclusivo, con solárium y piscina según la publicidad de la promotora, y vistas incomparables del conjunto histórico. En definitiva, todo continua dentro de la dinámica tradicional del urbanismo toledano, basado en hacer nueva ciudad y dejar en abandono la vieja, un modelo consumista y despilfarrador que apuesta por la creación de suelo urbano como si estuviéramos en épocas pasadas, con falta de un proyecto de ciudad sostenible, y no más apuesta que recabar impuestos derivados de la construcción y usos urbanos.
En este contexto, Vega Baja y La Peraleda no pueden ser espacios para el ladrillo, las disposiciones legales lo prohíben , y el propio Ayuntamiento y la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha no pueden mantenerse en la contradicción y vulneración legal que supone la modificación 28 del PGMOU de 1986, que prevé la construcción de 1.300 viviendas, las mismas que Barreda anuló y sobre aquel mismo espacio, nada más que ahora declarado BIC por la Junta de Comunidades (Ampliación del Yacimiento Arqueológico Vega Baja, Acuerdo de Consejo de Gobierno de 10-06-2008, DOC 126, 18 de junio de 2008). Eso es lo que vulgarmente se llama «soplar y sorber al mismo tiempo», y lo que es aún más sorprendente, cuando esas decisiones se toman por responsables del mismo partido político que ahora tiene encomendada la gestión de gobierno en los diferentes niveles de la administración. Con los impedimentos legales en la zona por sus valores arqueológicos y de protección de paisaje, ¿cómo se puede mantener la obsesión de edificar en toda la Vega Baja, «trocito a trocito», con previsión de otras 300 viviendas más en el Circo Romano y 89 en el Cristo de la Vega? Y del mismo modo, ¿cómo seguir con la construcción de edificios públicos continuando lo iniciado con la Consejería de Obras Públicas, casi en el lecho de inundación del río, y ahora con un cuartel en una parcela de la UA 7+27, prevista para usos dotacionales desde el anulado POM de 2007?
Dada pues la singularidad patrimonial y paisajística de La Vega Baja y de La Peraleda, donde estudios de Ramón Gonzálvez justifican la ubicación del monasterio agaliense, ¿es que no hay posibilidad de facilitar la construcción en zonas no protegidas y que además disponen de suelo sin ocupar? Incluso, si realmente fuera necesario en algún momento, ¿no se podría crear suelo residencial y para otros usos en otros lugares, con un término municipal tan extenso (232,1 km 2 ) y siempre haciéndolo compatible con la conservación de los bienes patrimoniales? Sin duda, existen fórmulas compensatorias para posibles derechos de promotores e inversores con intereses consolidados en la Vega Baja y en La Peraleda. Lo que hace falta es llevar a la práctica un compromiso de la administración en defensa del patrimonio, del medioambiente y de la calidad de vida de los ciudadanos, lo que requiere a su vez un urbanismo distinto alactual, no basado en la expansión continua de suelo urbano, en el «hacer y deshacer constante de ciudad», y sí en la consolidación de los espacios construidos, en su mejora y en la articulación de los barrios a través del río. Todo eso comporta la naturalización de los vacíos urbanos, la puesta en valor de sus restos arqueológicos y la conservación de los paisajes que hacen de Toledo una ciudad única en el mundo y diferente de cualquier otra . ¡No, pues, al ladrillo y sí al patrimonio en Vega Baja y La Peraleda!
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