«Vertiginoso» descenso de las diligencias previas en Castilla-La Mancha por la reforma de la ley

Se ha pasado de 150.000 actuaciones a poco más de 65.000 en 2016

Martínez atiende a los periodistas antes de comparecer en la comisión de Asuntos Generales Cortes

MANUEL MORENO

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal provocó en 2016 un «descenso vertiginoso» en el número de diligencias previas en los juzgados de instrucción de Castilla-La Mancha, ya que desde el pasado año las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no deben remitir todos los atestados a los órganos judiciales y fiscales, sino solo aquellos en los que haya autor conocido o sospechoso identificado.

Así lo ha anunciado esta mañana el fiscal jefe de Castilla-La Mancha, José Martínez , antes de comparecer en la comisión de Asuntos Generales de las Cortes para informar sobre la Memoria Anual de la Fiscalía en la región en 2016. «Se ha pasado de una cifra relativamente estable de 150.000 diligencias previas en los años anteriores a poco más de 65.000 el pasado año», ha afirmado.

Martínez ha añadido que el descenso fue más acusado todavía en aquellas parcelas de la delincuencia donde el grado de esclarecimiento de los hechos es menor. Es el caso de los delitos contra la propiedad, campo en el que hubo un «desplome» de los procedimientos el pasado ejercicio. Así, se registraron 15.000 diligencias previas frente a una media de 70.000 en años anteriores.

El análisis de las actuaciones penales arroja un descenso importante en el último quinquenio , según ha destacado el fiscal jefe de Castilla-La Mancha. Desde 2014, se está registrando una bajada de procedimientos abreviados (para delitos graves y menos graves), con una media de 500 expedientes menos por año. Así, se pasaron de 9.000 en 2013 a 8.500 en 2014, 8.000 en 2015 y 7.500 en 2016. «También está ocurriendo lo mismo en las diligencias urgencias o juicios rápidos», ha asegurado.

Por otro lado, Martínez ha explicado que, durante 2016, hubo importantes medidas de refuerzo en los juzgados de familia y, sobre todo, se advirtió un aumento de los procedimientos tendentes a la declaración de incapacidad, es decir, el nombramiento de tutores para personas que lo necesitan por padecer una enfermedad persistente y grave.

Sobre la violencia machista, Martínez ha expresado que los fiscales provinciales de la región demandan la generalización del modelo exclusivo de juzgado de violencia de género, que solo está implantado en Albacete capital. «Debería extenderse al menos a todas las capitales de provincia de Castilla-La Mancha», ha solicitado.

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