¿Por qué se quiere retirar la financiación a la enseñanza concertada?

Este jueves quedó en evidencia de nuevo el frágil pacto de gobierno entre el PSOE y Podemos en algunos asuntos polémicos, como es la retirada de fondos públicos para la enseñanza concertada, ya que no consiguieron ponerse de acuerdo en el Pleno de las Cortes Regionales para aprobar una resolución conjunta sobre su financiación.

Lo que sí quedaron claras fueron las posturas de unos y otros sobre este asunto. Mientras el PP hizo una defensa de esta enseñanza, al dar un servicio público, Podemos apostaba por una enseñanza «donde no haya barreras ni derechos de admisión ni repagos» y las familias que quieran otro tipo de educación que no sea la pública «que la paguen de su bolsillo».

Lo que no quedó tan claro en el Pleno de las Cortes fue lo que opinan el Gobierno de Castilla-La Mancha y el PSOE. Sí apoyan la reducción de la financiación a la concertada, porque está firmado en el acuerdo suscrito con Podemos para la aprobación de los presupuestos de 2016, pero por lo que argumentaron tanto la consejera de Educación, Reyes Estévez, como el diputado socialista Fausto Marín, sólo se saca la conclusión de que apoyan la libertad de centro escolar siempre que no genere desigualdades, una idea muy vaga que no contesta a la pregunta que se hace en el titular: ¿Por qué se quiere retirar la financiación a la concertada?

Sí contestó el portavoz del PP, Francisco Cañizares, quien aseguró que la decisión de la Junta y Podemos no tiene tanto que ver la defensa de la enseñanza pública -de ser así se hubiera incluido en el acuerdo firmado- como «una cuestión ideológica», que se identifica con «una de las manías persecutorias del país, el anticlericalismo», ya que buena parte de estos colegios están regidos por congregaciones religiosas.

También se refirió Cañizares a la actitud, que calificó de «ruin», del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, porque la retirada de las ayudas a la enseñanza concertada también afectará a los centros de educación especial, «gestionados por asociaciones o por la Iglesia y que hacen un extraordinario trabajo en Castilla-La Mancha».

El diputado de Podemos, José García Molina, insistió en que una administración pública no puede financiar a una entidad privada, por ello aseguró que su formación apuesta «claramente por una enseñanza donde no haya barreras ni derechos de admisión ni repagos» y las familias que quieran otro tipo de educación que no sea la pública «que la paguen de su bolsillo».

En este punto, el portavoz del PP preguntó al representante de la formación morada por qué defiende en educación lo público y no lo hace en Sanidad o Servicios Sociales, donde se están financiando residencias concertadas o las ambulancias que trasladan a los enfermos.

Recordó que si el Gobierno regional deja de financiar este tipo de educación «estarán abocando al cierre a las escuelas públicas concertadas de la región, que muchas de ellas son cooperativas de maestros», además de generar dudas e incertidumbre entre los más de 50.000 alumnos que acuden a estos centros y sus 4.000 trabajadores.

Cañizares replicó a la consejera de Educación que las desigualdades se darán si se retira la financiación, «porque sólo los ricos podrán acceder a la enseñanza concertada y no habrá libertad de elección».

La consejera, en su ambigua intervención, sí tuvo tiempo para acusar al PP de querer imponer un modelo de construcción de centros privados en suelo público. «El informe ya estaba elaborado en la Consejería e incluso estaba preparado el modelo de protocolo a seguir por los ayuntamientos con necesidad de centro escolar».

Y al igual que la consejera no despejó las dudas sobre cómo se hará la retirada progresiva de la financiación a la enseñanza concertada, tampoco lo hizo el diputado socialista Fausto Marín, quien se había preparado un discurso centrado en la corrupción del PP y cuando el presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, le interrumpió para advertirle que debía ceñirse al tema que se estaba debatiendo, la enseñanza, Marín se descolocó y apenas pudo enlazar algún argumento coherente y se limitió a decir que el debate estaba trasnochado por hablar de «libertad de elección de centro educativo».

Finalmente, los tres grupos políticos con representación en las Cortes presentaron sus propias resoluciones sobre la enseñanza concertada y ninguna salió adelante al no contar con mayoría.