Medio siglo ya del trasvase Tajo-Segura

Han pasado ya cincuenta años desde que las aguas del río Tajo iniciaran su primer viaje «forzado» hacia las tierras del Levante español, medio siglo desde que, de alguna forma, se materializó el dicho popular «Agua que no has de beber, déjala correr».

El 15 de febrero de 1967 se aprobó el trasvase Tajo-Segura, una obra de ingeniería hidráulica que se puso en marcha a finales del franquismo y que llevó en 1979 las primeras aguas desde el río Tajo, en la vertiente atlántica de la Península, a las tierras del Levante español. Los primeros proyectos databan del principios de los años treinta del siglo XX. Con capacidad para un caudal de 35 m3 de agua por segundo, el trasvase tiene 286 kilómetros de longitud y comienza en los embalses de Entrepeñas (río Tajo) y Buendía (río Guadiela), en el límite de las provincias de Guadalajara y Cuenca.

Propuesta a Indalecio Prieto

Manuel Lorenzo Pardo propuso, por primera vez, al ministro Indalecio Prieto (PSOE) la realización del trasvase Tajo-Segura en el año 1933, recogido en el Plan de Mejora y Ampliación de los Riegos del Levante. Este plan pretendía erradicar los desequilibrios hidrográficos entre la España húmeda del Norte y la España seca del Sur, a través de un trasvase de 2.300 hectómetros cúbicos anuales desde las cabeceras del Tajo y el Guadiana al Levante.

El Gobierno de la Nación quería potenciar, con este Plan, la riqueza agrícola de las provincias de Albacete, Valencia, Alicante, Murcia y Almería, mediante la puesta en funcionamiento de 338.000 nuevas hectáreas de regadíos. La economía española debía basarse, en parte, en la exportación de los productos agrícolas del Sureste. «La cuenca del Segura está prácticamente agotada, y sus enormes posibilidades productivas, en estado latente o potencial, en espera de un caudal nuevo que las actualice y las incorpore a la economía nacional», justificaba Manuel Lorenzo Pardo.

El trasvase Tajo-Segura fue aprobado en 1933 por las Cortes de la nación, dentro del Plan Nacional de Obras Hidraúlicas. El agua excedentaria del Tajo bajaría desde los embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara) hasta el pantano de Alarcón (Cuenca) en el río Júcar. Desde allí, el trasvase continuaría hasta el pantano del Talave (Albacete) en el río Mundo. Durante ese trayecto se realizaría el canal de abastecimiento a los regadíos de la provincia de Albacete. Del Talave, el agua llegaría al valle del río Segura a través del embalse del Cenajo. De la parte final del Trasvase partirían los canales de Alicante, Cartagena, Lorca y Almanzora para asegurar el abastecimiento de agua a los regadíos de las provincias de Alicante, Murcia y Almería.

«Traidores a España»

El ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, defendió la necesidad del trasvase Tajo-Segura conforme al proyecto de Manuel Lorenzo Pardo. «Ésta no es obra a realizar en el periodo brevísimo de días, ni de meses; es obra de años, para la cual se necesita la asistencia de quienes hoy gobiernan, de quienes están en la oposición, de quienes sirven al régimen republicano y, oídlo bien, de quienes estén en contra de él, porque quienes por patrocinar el régimen republicano una empresa de esta naturaleza le negaran su asistencia y su auxilio serían, no enemigos del régimen, sino unos miserables traidores a España». La falta de presupusuesto, la crisis económica de España y el estallido de la Guerra Civil (1936-39) impidieron la realización del trasvase Tajo-Segura en los años 30.

Entrada en explotación

El Acueducto Tajo-Segura entró en explotación en 1981, como apoyo al riego del Segura y parte del Júcar. Un conjunto de embalses permite realizar la necesaria regulación de las aguas procedentes del Alto Tajo atenuando las que hasta entonces eran periódicas y destructivas avenidas del río, al tiempo que se aprovechaba la energía hidroeléctrica del salto, se garantizaba un caudal estable en el tramo medio del Tajo y se daba estabilidad a otros usos, como regadíos en la zona media del río.

El agua es conducida por un canal que tiene una capacidad de 33 metros cúbicos/sg, con 11 túneles y 10 acueductos (entre los que destaca el del Riánsares, de casi 3 km. de longitud y el del Cigüela de más de 6 km de longitud) hasta el embalse de Alarcón.

Desde este embalse atraviesa La Mancha, hasta introducirse en el túnel del Talave, que con sus más de cuatro metros de diámetro y casi 32 kilómetros de largo fue considerado el mayor de toda Europa Occidental en su tiempo. A la salida del túnel, el agua se encuentra ya en la cuenca del Segura y se dirige al embalse de Talave.

Dicho acueducto permitiría garantizar un trasvase de 600 hectómetros cúbicos anuales, (155 para abastecimiento y 445 para riegos) y se contaba con poder llegar a los 1.000 hectómetros cúbicos, habiéndose trasvasado en los treinta años de explotación un volumen medio anual de 350 hm3. Además de su propósito original, el acueducto Tajo-Segura también se utiliza hoy en día para suministrar agua procedente del Tajo al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. También se utiliza esta infraestructura para el transporte de agua procedente del embalse de Alarcón con destino al abastecimiento de Albacete y para los riegos de Los Llanos de Albacete.

La política, a escena

Hasta aquí, los aspectos técnicos e históricos de una gran obra de ingeniería que, en el ámbito político, según iban pasando los años, dio lugar a la llamada «guerra del agua», un conflicto que se suscitó no solo entre partidos políticos sino entre varias regiones españolas como Castilla-La Mancha, Murcia o Valencia.

Un gobierno autonómico, el presidido en Castilla-La Mancha por el socialista José María Barreda, impulsó la necesidad de poner una fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, el año 2015, algo que fue plasmado en la reforma del Estatuto de Autonomía que finalmente quedó frustrada en 2010 al llegar al Congreso de los Diputados, donde tal reforma, precisamente por la «guerra» de intereses políticos entre formaciones políticas y autonomías, fue rechazada.

Ahora, este problema que enarbolan diversas plataformas y organismos en su lucha contra el trasvase, ha pasado a otra fase vista la dificultad que entraña la derogación de la infraestructura: la del necesario diálogo y entendimiento entre regiones, cada una de un signo político, como ha ocurrido casi siempre.

El pasado mes de febrero, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, propuso llegar a un «consenso entre todos y para todos los territorios de España« en torno al trasvase Tajo-Segura. «Está muy claro que un proyecto como el Tajo-Segura hoy no sería posible en democracia, porque los ciudadanos podrían haber dado su opinión antes», dijo, y añadió que esta decisión, «tomada en la dictadura», obliga a «cuajar un consenso entre todos y para todos los territorios de España». Eso es precisamente lo que dijo que va a buscar con el Levante español «para que el agua sea para todos, sin querer perjudicar a nadie, pero haciendo un uso racional de un bien que todos queremos y necesitamos».

Estas buenas intenciones de consenso se ven frustradas, una y otra vez, por las sucesivas derivaciones que el Gobierno central -con independencia del partido político que esté en el poder- aprueba cada año hidrológico con destino al Levante español, y que desatan de nuevo una «guerra del agua» que parece no tener fin. La última, el martes, con la aprobación de un nuevo trasvase de 15 hectómetros cúbicos hacia el Segura, el número dieciséis en lo que va de legislatura.