El Gobierno balear seguirá exigiendo el catalán al personal sanitario que desee trabajar en el Archipiélago
PSOE y MÉS negocian, no obstante, que haya una mayor flexibilidad en cuanto a las excepciones de carácter lingüístico fijadas hasta ahora para médicos y enfermeros
El Gobierno balear, que preside la socialista Francina Armengol, seguirá exigiendo el conocimiento del catalán al personal sanitario que desee trabajar en el Archipiélago . Así lo anunció este lunes la consejera de Salud, la socialista Patricia Gómez, en la Comisión Permanente del Consejo Social de la Lengua Catalana. Gómez añadió que, aun así, se está estudiando en estos momentos la posible aplicación de excepciones puntuales en los casos en que no se pueda cubrir una plaza de médico o de enfermero en las Islas por razones meramente lingüísticas.
Cabe recordar que días atrás los actuales socios de Armengol en el Ejecutivo regional, MÉS por Mallorca , obligaron al PSOE a rectificar una resolución publicada por el Servicio de Salud en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) relativa al nivel de conocimiento de catalán que se pensaba exigir a partir de ahora al personal sanitario. En la citada resolución se dispensaba de dicho conocimiento a determinadas categorías laborales . En concreto, se establecía que en los procesos de selección de personal y de provisión de plazas quedarían eximidos de conocer la lengua catalana tanto médicos como enfermeros y farmacéuticos.
Debido a la presión ejercida por MÉS hacia el PSOE, el Servicio de Salud rectificó el martes de la pasada semana la resolución originaria, «con la finalidad de disipar cualquier duda sobre la voluntad del Govern de facilitar que los usuarios de la red sanitaria pública puedan ser atendidos en catalán».
Asimismo, se anunció que en breve habría una nueva resolución que sustituiría a la primera. En un comunicado se señalaba que el futuro texto « dará más peso al conocimiento del catalán a la hora de contratar , se adecuará a los criterios lingüísticos de los acuerdos de gobernabilidad —suscritos a mediados de 2015— y al futuro decreto regulador de esta materia que el Govern dictará próximamente».
De momento, la nueva resolución no ha sido aún publicada en el BOIB, ya que MÉS y PSOE llevan varios días negociando acerca de cuál debería ser el contenido exacto de dicho texto. Econacionalistas y socialistas coinciden, no obstante, en que finalmente podría haber una mayor flexibilidad en lo referente a las condiciones de carácter lingüístico fijadas hasta ahora para médicos y enfermeros.
En la actualidad se acepta ya como excepción que no se exija el catalán en aquellas áreas o especialidades médicas en que momentáneamente no haya personal específico para poder cubrirlas. Además, está también previsto que el personal sanitario que esté ya trabajando en Baleares y que aún no cuente con el preceptivo nivel de catalán que se le exige disponga de una moratoria o plazo de dos años para conseguir un diploma acreditativo.
La inminente futura nueva resolución del Servicio de Salud estará enmarcada, en cualquier caso, en la Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública.
Cabe recordar que en marzo del pasado año el Parlamento balear aprobó una modificación puntual de la Ley de la Función Pública, para que el catalán volviera a ser un requisito, en lugar de sólo un mérito , para poder ser funcionario en la Comunidad. Votaron a favor de la citada modificación el PSOE, MÉS —por Mallorca y por Menorca— y Podemos, que son las formaciones que en esta legislatura dan su apoyo directo o indirecto a Armengol. El partido nacionalista Proposta per les Illes (PI) también votó a favor, mientras que el PP y Ciudadanos votaron en contra.
El anterior presidente autonómico, el popular José Ramón Bauzá, había modificado por vez primera la Ley de la Función Pública, en julio de 2012, con el propósito de que el catalán pasase a ser considerado únicamente como un mérito y no un requisito para ser empleado de la Administración. El PSOE presentó en aquel momento un recurso de inconstitucionalidad contra dicho cambio. Sin embargo, en octubre de 2013 el Tribunal Constitucional avaló la decisión de Bauzá.
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