Baleares aprueba el decreto que obliga a los grandes tenedores a ceder sus pisos vacíos
El Ejecutivo regional pretende con esta iniciativa pionera en España poder ofrecer alquileres sociales
El Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol aprobó este viernes, en Consejo de Gobierno, el decreto que permite aplicar una de las medidas más relevantes de la Ley de la Vivienda de Baleares, que es la obligación que tendrán a partir de ahora los grandes tenedores de ceder sus pisos vacíos al Govern por un periodo de siete años para que puedan ser alquilados. Se trata de una iniciativa pionera en toda España para favorecer los denominados alquileres sociales.
Cabe recordar que la citada ley autonómica establece que serán consideradas viviendas desocupadas las que hayan estado más de dos años sin ser efectivamente habitadas sin una causa que lo justifique. Esta ley define además a los grandes tenedores de vivienda como las personas físicas o jurídicas que se dedican profesionalmente al mercado inmobiliario y disponen de diez o más viviendas, de forma directa o indirecta a través de sociedades participadas, sea cual sea el título de tenencia.
Desde que se aprobó la Ley de la Vivienda, en junio de 2018, los grandes tenedores estaban ya obligados a inscribir los pisos vacíos en un registro. Con el decreto aprobado ahora lo que se hace es desarrollar dicha ley y fijar el procedimiento para hacer efectiva la cesión de los pisos. Según explicó el viernes el consejero de Territorio, Energía y Movilidad, el socialista Marc Pons, hasta ahora han sido inscritas en el citado registro, voluntariamente, un total de 1.039 viviendas , si bien el Govern ha detectado más de 6.000 cuya titularidad corresponde a grandes tenedores. Además, se han abierto por ahora 18 expedientes sancionadores a grandes tenedores, en unos casos por no haber inscrito viviendas vacías en el registro, y en otros casos, a pesar de haberlas registrado, por no colaborar en el proceso de visita para la cesión posterior.
El decreto recoge la posibilidad de denuncia por parte de particulares que sospechen de la existencia de viviendas desocupadas . Asimismo, confirma la obligación de colaboración en ese sentido por parte de empresas suministradoras, ayuntamientos y consejos insulares, personas físicas o jurídicas que participen en la promoción e intermediación inmobiliaria, comunidades de propietarios y administradores de fincas. De esta forma se podrá recoger la información necesaria para detectar las propiedades desocupadas de los grandes tenedores que no se hayan inscrito en el registro.
Dos vías de cesión
Para que la Administración pueda exigir la cesión de una vivienda vacía por parte de un gran tenedor, se tendrá que justificar siempre de forma objetiva que hay una necesidad real de vivienda que no se ha podido satisfacer con el resto de medidas desarrolladas por las instituciones públicas. El indicador en ese sentido será la demanda de viviendas de alquiler al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).
El decreto aprobado este viernes determina dos vías posibles de cesión de viviendas vacías. La primera vía será la cesión convencional, nacida de la libre voluntad de las dos partes implicadas, el Ibavi y el gran tenedor. En este caso, se acordarán un precio y unas condiciones, que se materializarán en un convenio de cesión. La compensación económica se tendrá que pagar al gran tenedor de forma íntegra para todo el periodo de cesión y con anterioridad a la puesta de la vivienda a disposición del Govern.
La segunda vía será la cesión no convencional u obligatoria de los pisos vacíos, cuando no haya acuerdo con el gran tenedor. La denominación técnica de esta vía es expropiación de uso temporal. En este caso, será el Jurado de Cesión de Viviendas Desocupadas quien fije el precio. Contra la decisión de este jurado se podrá actuar por la vía judicial, lo que sin embargo no suspenderá en ningún caso el procedimiento de cesión iniciado.
«La Ley de la Vivienda de Baleares se ha convertido en la primera ley progresista a nivel de toda España que no será objeto de recurso de inconstitucionalidad , porque la Abogacía del Estado y también el Consejo Consultivo reconocen el planteamiento de la obligación de los grandes tenedores de ceder las viviendas que estén vacías», recalcó el consejero de Territorio, Energía y Movilidad durante la presentación del mencionado decreto.
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