El Gobierno aragonés pide «apoyo» para enterrar el escándalo de los 244.000 euros en mascarillas ‘fantasma’
El PP exige responsabilidades, censura la actitud del Ejecutivo socialcomunista de Lambán, le reclama todos los datos del sospechoso expediente y el nombre del intermediario
El Gobierno aragonés ha atacado al PP por exigir que se depuren responsabilidades políticas, legales y económicas tras destaparse que el Ejecutivo socialcomunista de Javier Lambán pagó 244.570 euros por un cargamento de guantes y mascarillas que no consta oficialmente como entregado . El caso lo destapó ABC la semana pasada, tras quedar recogido en un informe de la Cámara de Cuentas de Aragón. Los auditores certificaron las graves irregularidades que han puesto bajo sospecha ese contrato firmado en abril de 2020, durante la crisis del Covid, entre el Gobierno aragonés y una supuesta empresa holandesa a la que el propio Ejecutivo de Lambán también ha reconocido que le perdió el rastro tras pagarle, por adelantado, ese cuarto de millón de euros.
Una semana después de que se destapara el escándalo, el presidente Lambán sigue sin comparecer para dar explicaciones sobre este caso. Mientras tanto, este viernes, en las Cortes de Aragón, el PP ha formulado una batería de preguntas por este asunto a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto (PSOE), cuyo departamento tramitó ese contrato bajo sospecha . Lo hizo a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Broto ha pedido a los diputados que confíen en que ese cargamento llegó, pero ha sido incapaz de explicar por qué no existe la elemental acta de recepción del material ni la factura reglada .
En vez de aportar la batería de explicaciones y datos concretos reclamados por el PP, Broto ha preferido atacar a los populares. Visiblemente nerviosa, la consejera socialista ha crticado a los populares por exigir que salgan a la luz todos los detalles de ese contrato, del dinero que se pagó y de quién intermedió. Pese a que esa era una de las preguntas concretas que le dirigió este viernes la diputada regional del PP Carmen Susín , la consejera socialista no ha desvelado quién fue el intermediario en esa transacción bajo sospecha.
«Quiero afirmar con toda rotundidad que no ha habido quebranto alguno, que el material llegó», ha dicho Broto este viernes en las Cortes de Aragón. Pero el PP le ha reprochado que esa afirmación no se compadece con la realidad, ante las graves irregularidades detectadas, la falta de acreditación de que el suministro se hizo realmente y la ocultación de ese expediente del que ha hecho gala el Gobierno regional, que no ha dado explicaciones del mismo hasta dos años después, forzado por la información destapada por ABC.
«Si no lo destapa el ABC, ustedes no dan ninguna cuenta de lo ocurrido, ¿de qué transparencia hablan?» , inquirió Carmen Susín a la consejera de Lambán, a la que ha afeado que no haya contestado a sus preguntas. «Si no tuvieran nada que ocultar, harían público todo» , ha advertido la diputada popular.
«Apoyo» para darle carpetazo
La consejera socialista, por su parte, se exhibió ofendida ante las comprometidas cuestiones que le ha puesto sobre la mesa el PP, al que criticó precisamente por exigir responsabilidades ante las irregularidades y le pidió «un poquito de apoyo» para no seguir hurgando en este escándalo .
El PP ha exigido al Gobierno aragonés todos los datos de ese sospechoso expediente, para depurar responsabilidades por lo que no ha dudado en calificar de «escándalo».
El Ejecutivo regional, por su parte, sostiene que el cargamento llegó, pero es incapaz de aportar el acta de recepción del material, un documento acreditativo que es esencial y básico en cualquier suministro contratado por la Administración, requisito imprescindible para autorizar el pago.
En este caso no solo falta el acta de recepción, el albarán oficial de entrega del material, sino también las facturas regladas . Esas graves irregularidades llevaron a la Intervención de fondos del Gobierno aragonés a desaprobar el pago de esos 244.570 euros. Sin embargo, el Ejecutivo de Lambán, pese a ese informe en contra de los interventores, convalidó el abono de ese cuarto de millón. La convalidación la llevó a cabo el Gobierno en pleno, lo que hace corresponsables a todos los integrantes del Ejecutivo que preside el socialista Javier Lambán junto a consejeros del PSOE, Podemos, la Chunta soberanista y el PAR. La convalidación, además, se produjo 21 meses después de que se hubiera producido el pago.
El PP ha advertido que las irregularidades que han salido a la luz pueden conllevar responsabilidades legales y económicas personales entre quienes intervinieron directamente en ese pago bajo sospecha, lo que incluye a todo slos miembros del Gobierno regional que convalidaron el abono con el informe en contra de la Intervención.
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