Un funcionario corrupto recurre su condena y le acaban multiplicando la pena

Un funcionario de la Diputación de Zaragoza que fue condenado por corrupción ha visto multiplicada la pena que inicialmente le fue impuesta. Recurrió la sentencia y, al final, el tribunal lo que ha entendido es que lejos de tener que absolverle o reducirle la pena, lo que en realidad procedía era elevársela sustancialmente. Y así lo ha hecho.

El condenado es Alfredo Romero Santamaría, doctor en Historia del Arte, funcionario de la Diputación de Zaragoza desde el año 1986 y, de julio de 2003 a junio de 2011, directro del área de Cultura y Patrimonio de esta institución.

En octubre del año pasado, la Audiencia Provincial le condenó a un año de prisión por malversación de caudales públicos, y a un mes y 15 días por blanqueo de capitales, así como a pagar una multa de 10.000 euros.

Todo ello tras entender probado que hurtó dinero continuadamente a la Diputación de Zaragoza, quedándose durante años el dinero de las exposiciones de arte que se organizaban en sus instalaciones. En total, 43.000 euros sustraídos de la venta de catálogos de 24 exposiciones.

El condenado optó por recurrir apelando a su inocencia. Sin embargo, lejos de obtener el resultado que pretendía, al final ha visto multiplicada la pena inicial que le impusieron. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que se ha encargado de resolver el recurso, ha desestimado íntegramente los argumentos del abogado de Alfredo Romero, pero sí ha atendido los que planteó la Fiscalía, que también recurrió el fallo inicial.

El resultado es que, en vez de un mes y 15 días de prisión por balnqueo de capitales, se le ha elevado la condena por este delito a un año –que se suma al otro año de prisión por malversación de caudales públicos que ya le impuso la Audiencia Provincial y que ha ratificado ahora el TSJA—.

Tal y como alegó la Fiscalía, el Tribunal Superior ha entendido que en la sentencia inicial se el computó erróneamente la atenuante de reparación del daño en el caso del delito de blanqueo. Esa atenuante se le aplicó en la primera sentencia porque tuvieron en cuenta que, de todo el dinero que había ido sustrayendo durante años, este funcionario acabó devolviendo 38.000 euros a la Diputación de Zaragoza.

Pero la Fiscalía afirma que, en su caso, no cabe tal atenuante, ya que el funcionario no reintegró ese dinero «por iniciativa a modo de confesión», sino cuando ya se había destapado el caso y ya se estaba tramitando el procedimiento penal.