Manuel Marín
Violencia contra el 155
Por fin el artículo 155 de la Constitución ha dejado de estar criminalizado. Muchos de quienes ahora lo invocan, y nunca lo hicieron antes, se aprestan a denunciar con arribismo que su aplicación llegará tarde. Nuestra democracia ha cometido muchos errores con Cataluña, y Cataluña demasiados con la democracia de todos. Indolencia por un lado, y desafecto envuelto en odio por el otro. No es solo una cuestión de alcance jurídico: el factor emocional lo vicia todo hasta convertirlo en irracional. Así, con la legalidad secuestrada en Cataluña, también está secuestrado el artículo 155 por un separatismo que se ve vencedor de un proceso irreversible.
Ya no es tan determinante llorar por errores del pasado como fabricar el futuro. Y que todos analicemos si en España, una nación ejemplar y admirada en el planeta, existe la madurez suficiente para afrontar las consecuencias reales de la aplicación del 155, y dar por intervenidas competencias esenciales de la Generalitat. Con la ley en la mano, sobran los argumentos. Es un artículo tan constitucional como cualquier otro, previsto expresamente para evitar una agresión a la democracia. El Estado, como ente institucional obligado jurídica y moralmente a mantener la unidad nacional por mandato expreso de la ciudadanía española, está legitimado para aplicar una medida tan extrema y excepcional de inmediato. La pregunta es si España está preparada emocionalmente para ello.
Las cargas policiales en Cataluña, justificadas en la medida en que existían órdenes judiciales específicas para retirar las urnas e impedir una votación ilegal, han abierto una grieta moral en el constitucionalismo. Son la coartada perfecta para justificar la ambigüedad, el mantra eterno del «diálogo» y, de nuevo, el odio a la derecha. La aplicación del artículo 155 conllevaría violencia en las calles, por más que la corrección política al uso pretenda eludir el diagnóstico bajo vacuas esperanzas de una racionalidad que ya no se va a producir. Acarreará violencia. Y millones de partidarios y detractores en toda España deberían prepararse mentalmente para asistir a detenciones, suspensiones, inhabilitaciones y una agresiva insurrección callejera que debería ser sofocada. El odio dejaría de ser controlable incluso por los instigadores de la farsa. Pero son los hechos. La fase de un proceso de sedición bajo control ya está superada por la crudeza de la realidad.
La clave no es si el PP, el PSOE y Ciudadanos apoyan el 155. Sino si lo harán con todas las consecuencias una vez que la declaración unilateral de independencia aboque al Estado a intervenir la Generalitat. La razón legal asiste al constitucionalismo. Sí. La pregunta es si están dispuestos a asumir el coste político de la gran paradoja de tener razón frente a la sinrazón. Lamento no disponer de la solución.
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