Urdangarín era el «gancho ideal» para que él y Torres «vendieran humo» a sus clientes

El caso Nóos, que ha llenado miles de páginas de periódicos y muchísimas horas de radio y televisión es, en esencia,bastante sencillo. Dos personas, Diego Torres e Iñaki Urdangarín, comienzan en 2003 a utilizar una asociación supuestamente sin ánimo de lucro –Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada, creada en 1999, pero hasta entonces sin actividad– para, aprovechándose de que el segundo es miembro de la Familia Real, firmar convenios de colaboración con administraciones públicas a cambio de organizar unos eventos y prestar unos servicios que ni de lejos justificaban lo que se pagaba por ellos.

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Luego, para que esas importantes cantidades llegaran a sus bolsillos, utilizaban una trama de sociedades de su propiedad para facturar trabajos por ese importe al Instituto Nóos. Es decir; se contrataban a sí mismos.

Complicidad política

Para que esta operativa fuese posible era necesario que los responsables políticos se saltaran toda la normativa legal en materia de convenios y contratos con administraciones, con el objetivo de mejorar su «prestigio» social al estar el marido de la Infanta Cristina directamente involucrado y con la justificación de que no era imaginable que un yerno de Don Juan Carlos estuviera cometiendo irregularidades.

El resultado, una pérdida de unos seis millones para las arcas públicas de la Comunidad Valenciana y Baleares, a lo que hay que sumar el fraude a la Hacienda Pública, puesto que no satisfechos solo con esos contratos irregularmente concedidos por las administraciones utilizaron sus sociedades para engañar al Fisco. El juez instructor, José Castro, escribía en uno de sus autos que Urdangarín y Torres, «puestos de común acuerdo al objeto de rentabilizar hasta donde les fuera posible ante entidades privadas e instituciones públicas el área de influencia que, real o de obligada imaginación, se derivaba del parentesco con la Casa Real», decidieron actuar con un «desmedido afán de lucro».

Por su parte, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, la persona que ha diseñado y planificado toda la investigación salvo en lo que se refiere a las inciativas del instructor sobre Doña Cristina, señala en su escrito de acusación que «la única finalidad perseguida con la creación del Instituto Nóos por parte de Iñaki Urdangarín y Diego Torres era contar con la cobertura que brindaba una asociación que formalmente no tenía ánimo de lucro, a los siguientes efectos: el acceso a ayudas, subvenciones públicas y/o convenios de colaboración con entidades públicas otorgadas de forma directa; rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación, y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos».

«Estructura aparente»

Añade el fiscal que contaban con una estructura aparente –un patronato de empresas, un consejo asesor, un comité científico y otro técnico–, y la promesa de utilizar los recursos económicos que se generasen para financiar la creación de un grupo de trabajo de profesionales para desarrollar un programa de investigación. Para ello se hacían presentaciones en las que se vendía «humo, y junto a la posición social de quien lideraba el Instituto Nóos, tenían como objetivo generar confianza en los interlocutores y potenciales clientes».

«La presencia de Urdangarín era pues decisiva. El gancho ideal para obtener clientes y aumentar notoriamente los honorarios. Por su parte, Diego Torres «ejercía un absoluto control de todos los ámbitos de actividad de las sociedades, siendo significativo el hecho de que solicitara explicaciones por el menor apunte contable, por insignificante que fuera su cuantía».

Los dineros, de organismos públicos y privados, «fueron destinados a nutrir las entidades mercantiles propiedad del presidente y vicepresidente de dicha entidad», a la sazón Torres y Urdangarín.

Precisamente sobre este asunto, el escrito de acusación de la Fiscalía precisa: «Simultáneamente con la toma de control del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarín y Diego Torres organizaron un entramado societario a través del cual desviaban y se apoderaban de los fondos públicos que recibía» la asociación. «La operativa era simple y sencilla –sostiene Horrach–; se fijaban por el Instituto Nóos unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba para la Administración Pública para, tras recibir los fondos públicos, simular dicha asociación la contratación de servicios ficticios a las entidades mercantiles (que ellos controlaban) emitiendo éstas las correspondientes facturas contra el Instituto Nóos». De esta forma, el dinero acababa en las sociedades de Torres y Urdangarín, entre ellas la famosa Aizoon, propiedad al 50 por ciento de la Infanta Cristina.

Para justificar el destino de los fondos públicos, Nóos presentó facturas falsas, otras personales de sus responsables y algunas más que nada tenían que ver con los eventos contratados. Además, los dos socios destinaron gran parte del dinero recibido por sus sociedades a «sufragar gastos estrictamente personales, sin vinculación alguna con la actividad social de la correspondiente entidad mercantil».

«Arbitrarias e injustas»

En cuanto a los altos cargos de la administración y políticos, Horrach considera que «tomaron decisiones administrativas arbitrarias e injustas, en tanto que fueron adoptadas al margen de cualquier expediente administrativo, toda vez que la apertura del preceptivo expediente hubiera impedido u obstaculizado la consecución de la ilícita finalidad de beneficiar a personas concretas». Los contratos y convenios de colaboración, por tanto, «fueron fruto de decisiones administrativas arbitrarias cuya única finalidad era beneficiar económicamente» a Iñaki Urdangarín y Diego Torres.

Para demostrar el delito fiscal de Urdangarín (2) y Torres (1) ha sido clave levantar el velo societario del Instituto Nóos, lo que supuso eliminar las sociedades instrumentales a efectos fiscales. De esta forma, «los rendimientos obtenidos por el conglomerado Nóos deben imputarse a los ideadores, ejecutores y beneficiarios de esta estructura artificial (los dos socios) como personas físicas».

«La estructura urdida –escribe Horrach– responde escrupulosamente a una unidad de intereses, abusando de las ventajas que la personficación jurídica ofrece a los individuos. Las sociedades utilizadas carecen de vida propia, no constituyen organizaciones empresariales diferenciadas o autónomas, no tienen una actividad que pueda tildarse de continua o estable y menos todavía puede sostenerse que gocen de independencia de patrimonios o estabilidad».