El Tribunal Supremo exigirá a los exconsejeros una renuncia «inequívoca» para liberarles
El juez puede revisar la prisión preventiva de oficio, pero se inclina por esperar a que las defensas se lo pidan
Los investigados tratarán de acercarse a la vía Forcadell midiendo sus palabras para no defraudar a su electorado
El Tribunal Supremo ha asumido la investigación por rebelión contra Carles Puigdemont y sus trece exconsejeros y tendrá en su mano sacarles de prisión antes del 21 de diciembre, cuando se celebran elecciones autonómicas en Cataluña. La decisión dependerá, en verdad, de los propios exconsejeros -ocho de los cuales se encuentran en prisión preventiva-, pues según ha podido saber ABC el Alto Tribunal les exigirá una renuncia «inequívoca» a la independencia por las vías ilegales para liberarles. Ese mensaje invalidaría por el momento el riesgo de que reiteren en el delito, lo que convertiría en innecesario su encarcelamiento provisional, mientras avanza la investigación por el plan secesionista.
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La asunción de la causa, acordada ayer por el juez instructor Pablo Llarena , que ya investiga a Carme Forcadell y cinco antiguos miembros de la Mesa del Parlament, también afecta a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las asociaciones independentistas que agitaron las calles. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -quien encarceló a Oriol Junqueras, los otros siete exconsejeros y los dos «Jordis»- solo conserva la investigación contra el cesado mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana, ambos en libertad pero sin poder salir de España y con el pasaporte entregado.
Sin declarar de nuevo
Las defensas de los exconsejeros piensan solicitar la libertad al Tribunal Supremo. Según ha podido saber ABC, los letrados no planean por ahora pedir que los exconsejejeros declaren ante el nuevo juez del caso. Aunque puedan replantéarselo cuando llegue el momento, los abogados consideran que la secuencia de datos ya demuestra la ausencia de reiteración delictiva de los antiguos gobernantes catalanes, sin que ello dependa de sus declaraciones en los tribunales. Aun así, el juez Llarena sí valoró los mensajes de Forcadell y los demás miembros de la Mesa investigados para devaluar el riesgo de que siguieran delinquiendo. El juez señaló en el auto en el que fijó fianzas para que evitaran la cárcel que todos renunciaron a cualquier actuación «fuera del marco constitucional», una renuncia que todavía no ha expresado ninguno de los exconsejeros catalanes. Lamela, en cambió, encarceló sin condiciones a Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros (Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borras y Joaquim Forn) ante el riesgo de reiteración delictiva y de fuga.
Una vez que asuma la causa formalmente, Llarena puede revisar de oficio las medidas cautelares fijadas por Lamela: es decir, la prisión incondicional de los exconsejeros cesados. Sin embargo, todo apunta a que el instructor esperará a que los propios imputados lo soliciten. Fuentes del Alto Tribunal señalan que los investigados -especialmente aquellos que quieren concurrir a las elecciones del 21-D (siete de los ocho encarcelados)- tendrán que dar una muestra «inequívoca» de su compromiso político por los cauces legales , dentro del marco de la Constitución. Lo cierto es que los exconsejeros tendrán que medir sus palabras para, sin defraudar a su electorado independentista, conseguir que el juez aprecie que el riesgo de reiteración delictiva ha desaparecido. Eso haría innecesario mantener la prisión incondicional como medida cautelar, como sucedió con Forcadell y demás miembros de la Mesa del Parlament.
Llarena explica su decisión de concentrar las causas por rebelión en el carácter «inescindible» de los hechos investigados , las actuaciones cometidas tanto por los antiguos gobernantes catalanes como por los miembros de la Mesa, una actividad coral que merece una investigación y enjuiciamiento conjunto. El magistrado desoyó el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y del Supremo, que veía conveniente dos causas separadas para agilizar el ritmo de la justicia, y diferenciar a los imputados en virtud de su aforamiento (a los aforados les investiga el Supremo).
Para argumentar su posición, el magistrado deja claro que el delito de rebelión está sobre la mesa de la causa. Llarena señala que «sólo la intervención coordinada de todos ellos es la que puede llenar el contenido del injusto contemplado en el delito de rebelión». La Fiscalía aprecia una estrategia coordinada entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles (los «Jordis») para empujar hacia la independencia por las vías ilegales, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado. Este tipo penal castiga con hasta veinticinco años de prisión a aquellos que declaren por las vías ilegales la independencia de una parte del territorio nacional. Los jueces consideran esta acción un atentado contra la forma de Gobierno, igual que la sedición, cuando persigue la independencia ilegal.
El juez se adelanta al 21-D, que podría provocar que los exconsejeros recuperen su aforamiento al ser elegidos diputados, y asegura que ello no altera la necesidad de unificar el procedimiento. Dos causas restringirían la defensa de los imputados.
