El acusado deel doble crimen de Almonte, Francisco Javier Medina, declarado no culpable por un jurado popular - Vídeo: Atlas

Tres pares de ojos nuevos para «el caso maldito»

La UCO crea un equipo que revisa el asesinato de un padre y su hija en Almonte; el único acusado fue absuelto

MadridActualizado:

«Para mí la investigación está cerrada. Yo ya no creo en la Justicia; prefiero no pensarlo a todas horas para no volverme loca». Marianela Olmedo no ha tirado la toalla, pero unos días la cercan las migrañas y otros el abatimiento. El 27 de abril de 2013 a su hija María, de ocho años, y a su exmarido Miguel Ángel Domínguez les asestaron 151 puñaladas (104 a la niña) en su casa de Almonte (Huelva). Seis años después el doble crimen no tiene autor. El único encausado, Francisco Javier Medina, entonces pareja de Marianela, fue juzgado y absuelto. Las víctimas no tienen descanso; tampoco los investigadores, la juez que instruyó ni el fiscal. Este definió el doble crimen como «un caso maldito».

Y esa maldición persigue a las víctimas: tanto Marianela como Aníbal Domínguez, hermano y tío de las víctimas, han sido y son insultados y amenazados. Las redes sociales les han convertido en una diana fácil. En mayo Aníbal tuvo que pedir amparo al fiscal jefe de Huelva por algunas injurias, que llegaban a insinuar que él era el asesino. Ambos se tuvieron que marchar de Almonte, parte de cuyos vecinos jalearon a Medina como a un héroe cuando fue exculpado por un jurado popular. «No quería encontrármelo a él o a su familia en la panadería o en la farmacia. No podría», dice Aníbal, que trata de recomponer su vida masticando la injusticia y los desaciertos que han vivido.

A Medina, que fue detenido 14 meses después del crimen por la UCO de la Guardia Civil, lo declaró no culpable un jurado. «Fue una de las mayores decepciones de mi carrera. Cuando me di cuenta de que ese Jurado no había oído, visto ni pensado en lo que se expuso en Sala y se quitó el marrón diciendo que no tuvo tiempo de asesinarlos», rememora el abogado Gustavo Arduán que acusó en nombre de la familia Domínguez. El crimen se cometió entre las 21.52 y las 22.02 horas. La UCO presentó hasta cuatro informes de control de tiempo distintos concluyendo que Medina tuvo tiempo de matarlos y volver al supermercado en el que trabajaba. El jurado opinó lo contrario, y ese argumento les resultó suficiente, pese a la multitud de indicios que había acumulado la investigación.

El machismo más tenebroso de lengua y navaja suelta se desató en parte de Almonte, que llegó a culpar a Marianela de las muertes por haber mantenido una relación con Medina. Pero no solo la vilipendiaron y amenazaron a ella. Su abogada, Inmaculada Torres, que también defiende a la familia de Marta del Castillo, conserva el rosario de salvajadas que vivió. «Nunca he tenido un juicio así. Se convocó a la gente a través de facebook para pegar a la abogada y tuvieron que escoltarme al coche tras el veredicto. Temí por mi integridad. Se juzgó a la víctima y a la letrada de la víctima».

Amenazas a las víctimas

La periodista almonteña Rocío Castrillo, que en el libro «151 cuchilladas» ha escrito una completa crónica del caso, ha presentado denuncias por amenazas: violencia verbal de trazo grueso. «Es un fallo estrepitoso del sistema», sostiene. «Primero del Jurado, pero también de los tribunales superiores que avalaron ese fallo. Los miembros del Jurado se quedaban dormidos, hicieron caso omiso a las explicaciones, eran analfabetos rotundos». En su libro recoge estas inquietantes palabras de Gustavo Arduán: «El Jurado tuvo influencias externas. Tocar a un jurado popular es relativamente fácil y aquí se ha influido de alguna manera (...)»

El Tribunal Supremo ratificó la absolución del único acusado a finales del año pasado. Pero en enero la juez instructora, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la Palma del Condado abrió una pieza separada y ordenó a la UCO que reabriera la investigación. La Guardia Civil ha creado un nuevo equipo de tres personas, «tres ojos nuevos no contaminados», en palabras de los investigadores, que analizará todos los hechos desde cero, «así como los registros técnicos recabados (...)». La pieza separada permitirá «contextualizar la instrucción y agilizar las pericias», según expuso el fiscal.

El capitán que está al frente del nuevo equipo investigador es el enlace con la juez y con las familias, con las que ya ha hablado. «La UCO está convencida al cien por ciento de que fue él», asegura Aníbal Domínguez, quien mantiene la esperanza en que aparezca algún hecho nuevo o «desenmascaren a alguna de las personas que mintió». No obstante, es consciente de la casi imposibilidad de volver a juzgar al que todos los implicados señalan, dado que no se puede juzgar dos veces por los mismos hechos y el recurso extraordinario de revisión se aplica para sentencias condenatorias, no absolutorias como es el caso.

En las últimas semanas se han producido dos novedades judiciales; una de ellas ha supuesto otro varapalo para las víctimas. El Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por la familia en el que pretendían que se les reconociera el derecho a la tutela judicial efectiva. «Estamos valorando acudir a Estrasburgo pero aún no es firme la decisión», explica el abogado Luis Romero, que sustituyó en la acusación a los dos anteriores letrados y que confía en que los investigadores hallen nuevos indicios y aclaren otros.

Por otra parte, la Audiencia de Huelva ha desestimado el recurso presentado por Medina, que quería personarse en la causa como acusación particular por considerarse «perjudicado» por el crimen. Según su abogado Francisco Baena Bocanegra, sufrió «prisión incondicional durante más de tres años, a lo que ha de sumarse el cruel y feroz proceso paralelo, y los gravísimos perjuicios materiales y morales». El letrado ya anunció que pedirá que el Estado le indemnice por esos tres años en la cárcel.

«En nuestro caso no se ha hecho Justicia y no sé si algún día se hará. Es muy difícil levantarse cada mañana y saber que sigue ahí. Pero todavía no pierdo la esperanza y algunos tienen que dar explicaciones, por ejemplo la Policía Local por lo del cuchillo», insiste Aníbal Domínguez.

El «caso maldito», como lo describió el fiscal, incluye la aparición de un cuchillo en una alcantarilla de Almonte que no fue entregado por la Policía Local hasta meses después. Los agentes aseguran, sostiene Domínguez, que lo llevaron a la Guardia Civil y que allí les dijeron que esa no era el arma del crimen. Las pruebas han confirmado que no lo es pero para las familias es un punto oscuro que sumar a su desgracia.