Trapero y sus jefes se enfrentan a 11 años por el papel de los Mossos el 1-O

La Fiscalía lo tiene claro. La cúpula de la Policía catalana no solo no hizo nada por frenar del 1-O sino que llegó a poner a los Mossos d'Esquadra «al servicio del plan secesionista». Esa actitud se mantuvo tanto aquella jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 como unos días antes, el 20 de septiembre, cuando, siempre según la versión de la Fiscalía, los mandos policiales «de forma deliberada» evitaron auxiliar a una comitiva judicial asediada por una «masa» de secesionistas que obstaculizaban los registros en la Consejería de Economía. Fundamentalmente por estos dos episodios la Audiencia Nacional sienta en el banquillo desde hoy a la excúpula de la Consejería de Interior de la Generalitat y de los Mossos d'Esquadra.

La vista estará marcada, irremediablemente, por la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del «procés». Son dos vasos comunicantes. Aunque el Alto Tribunal no juzgó entonces al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ni a los otros tres cargos que ahora deberán rendir cuentas en la Audiencia –el exsecretario general de Interior, César Puig; el exdirector de Mossos, Pere Soler, y la intendente Teresa Laplana–, sí sentenció sobre cuestiones que les afectan directamente. Así, en la línea de lo que sostiene la Fiscalía en sus conclusiones provisionales contra los mandos de Mossos y la Consellería de Interior, a los que acusa de rebelión, el Supremo concluyó que el diseño de la Policía catalana el 1-O fue «a todas luces insuficiente» para abortar aquel referéndum ilegal. Esa nefasta planificación llevó a los agentes a claudicar de forma «vergonzante, resignada o en algunos supuestos casi complaciente» , según recoge la sentencia del Alto Tribunal que condenó a diez años y medio de prisión, por sedición, a quien era consejero de Interior, Joaquim Forn, superior de Trapero y de los tres procesados.

Aquel fallo del Supremo prestó más atención al papel de los Mossos el 1-O que el 20 de septiembre, cuando unos 40.000 manifestantes cercaron la Consejería de Economía mientras la Guardia Civil la registraba por orden un juez de Barcelona dentro de una investigación por los preparativos de la consulta ilegal. El tribunal que presidió Manuel Marchena sobre aquellos hechos prácticamente se limitó a constatar que no se habían ordenado refuerzos ante el «reducido» contingente que custodiaba el edificio , cuando era evidente que la comisión judicial necesitaba «protección física».

Que el Supremo echara por tierra la idoneidad del dispositivo diseñado por Trapero jugará en su contra. Pero en la partida que ahora comienza en la Audiencia Nacional el mayor de los Mossos podrá jugar alguna de las cartas que él mismo ya se preocupó de repartir en su comparecencia como testigo en el juicio del «procés». La principal, su desmarque respecto de las intenciones secesionista del Govern. Según su versión, sobre la que se explayó en su testifical, antes del 1-O había advertido a Puigdemont y a Forn del riesgo de violencia en las calles de continuar con el plan del referéndum. También le dejó claro que él, en todo momento, cumpliría la ley y con las órdenes de los jueces. Aun más: tras la declaración unilateral de independencia Trapero se puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la Fiscalía para detener al presidente de la Generaltiat y a sus consejeros si así se lo ordenaban. Eso al menos es lo que expuso en el Supremo para tratar de negar la tesis de la Fiscalía de que los Mossos funcionaron como una especie de «brazo policial» del complot separatista para abolir el marco constitucional en Cataluña. Ahora, antes del juicio en la Audiencia, su abogada, Olga Tubau, ha entregado al tribunal un informe detallado sobre ese supuesto plan.

En el juicio de la Audiencia Nacional se oirán ecos de todo lo acontecido durante la larga vista oral del Supremo del pasado año. No solo en una primera semana en la que declararán los cuatro procesados –Trapero, Puig, Soler y Laplana– sino, sobre todo, en las siguientes, cuando empezarán a desfilar los 104 testigos previstos. Del ámbito político, los más esperados serán, sin duda, el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, el exconsejero Joaquim Forn, el líder de la ANC Jordi Sànchez –todos en prisión por la sentencia del «procés» –, y el expresidente catalán Artur Mas, cuya comparecencia ha sido solicitada por las defensas. Además, serán llamados a testificar decenas de mandos y agentes de los Mossos, como Ferran López, sucesor de Trapero cuando este fue cesado al aplicarse en Cataluña el artículo 155 de la Constitución, o el coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador del operativo para impedir el 1-O. Sus versiones en el juicio del «procés» fueron tan opuestas que la defensa de Forn llegó a pedir sin éxito un careo entre ambos.