La «trama de los semáforos» amañaba también obra pública
El empresario Ulibarri, a la cabeza de la red, implicado en el tráfico y en la construcción
La trama de corrupción local desmantelada por la Policía en 46 ayuntamientos no solo se dedicaba a la «pacificación del tráfico»; es decir, a instalar programas informáticos y elementos de seguridad vial como semáforos o radares, alterando pliegos públicos y con adjucaciones irregulares, sino también a la obra pública, un clásico en las organizaciones criminales especializadas en corrupción. Un ejemplo es una pista de skate construida en un municipio leonés o el proyecto de levantar un helipuerto, según explicaron a ABC fuentes de la investigación, que insisten en que «hay muchos más casos».
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El empresario leonés José Luis Ulibarri –a la espera de juicio por una de las piezas de Gürtel y uno de los 39 detenidos por la UDEF– se sitúa en el centro de la trama y está investigado tanto por los contratos relacionados con los servicios de gestión del tráfico como por amaños de obra pública. Fue esa la razón de que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona al empezar a aparecer contratación pública en León enviara una parte de la investigación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Astorga.
Dieciocho ante el juez
Este juzgado abrió una pieza separada sobre delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, violación de secretos por funcionarios, malversación de caudales públicos, falsedad de documentos públicos, fraude a la administración pública e inducción para cometer los anteriores delitos. En otro juzgado de León se ha abierto otra pieza, también secreta. Junto a Ulibarri fue arrestado su hombre de confianza, Miguel Hernán .
Como informó ABC, el constructor reconvertido en exitoso empresario de sanidad y medios de comunicación garantizaba el buen posicionamiento e imagen de alcaldes de la provincia en sus medios a cambio de obtener adjudicaciones para Gespol, la empresa beneficiaria de las licitaciones vinculadas a la regulación del tráfico y perteneciente a Sacyr.
Los beneficios que obtenía la trama eran dinero, regalos y buena imagen en medios y, supuestamente, Ulibarri lograba los tres tipos de prebendas. Entre los 39 detenidos –cinco de los previstos aún no han sido localizados– hay 16 alcaldes y concejales de PP, PSOE y Cs en su mayoría ; 8 jefes de Policía Local y un exjefe jubilado, tres técnicos municipales y 11 empresarios. Es la primera operación policial en la que aparece tal número de jefes policiales detenidos o investigados: la razón es que en muchos casos eran la puerta de acceso a los políticos y desvelaban información reservada a la trama. Como informó ABC, la trama disponía de una red de «conseguidores», comerciales que eran los encargados de establecer contactos y dicho acceso a los alcaldes o concejales les llegaban de la mano de los responsables de tráfico local.
De los arrestados, 18 pasaron a disposición judicial: 13 lo hicieron ante el titular de Badalona y cinco ante el de Astorga. Estos últimos quedaron en libertad como investigados, entre ellos el alcalde y el concejal de Urbanismo de Astorga . No se descarta que la Fiscalía solicite prisión eludiblecon fianza para alguno de los detenidos, según fuentes de las pesquisas.
