La trama corrupta de Valencia salpica también a todos los partidos de izquierda

La trama corrupta que investigan la UCO y un juzgado de Valencia ya no afecta solo al PP, sino que salpica a todos los partidos de izquierdas excepto a Podemos -que la legislatura pasada no tenía representación-. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha llamado para declarar como investigados a dos cargos del PSOE, uno de Compromís y otro de Izquierda Unida. Los cuatro están citados en el marco de la pieza principal de la Operación Taula (derivada del conocido como caso Imelsa), que investiga el presunto cobro de mordidas por adjudicaciones de obras públicas, fundamentalmente a través de la empresa Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia -que hasta el pasado mayo presidía el popular Alfonso Rus.

Las declaraciones de los cuatro políticos de izquierdas, a las que deberán acudir acompañados de abogado, tratan de esclarecer la presunta utilización de Imelsa para colocar a personas afines al PSOE y el amaño de contratos en obras y servicios públicos de la Diputación de Valencia.

Los cuatro nuevos investigados por la UCO eran consejeros de Imelsa durante la pasada legislatura. Se trata de José Manuel Orengo y Raúl Pardo, del PSOE, Emili Altur, de Compromís, y Rosa Pérez, de Izquierda Unida -que fue la diputada provincial que destapó el caso Imelsa al llevar a la Fiscalía sus sospechas de irregularidades durante el pasado mandato-.

Los partidos de izquierda, que han utilizado una y otra vez el caso Imelsa para erosionar el nuevo liderazgo de Isabel Bonig al frente del PP de la Comunidad Valenciana, no tuvieron más remedio que actuar ayer con una contundencia similar a la que han exhibido los populares, que han suspendido cautelarmente de militancia a todos los detenidos en la operación del pasado 24 de enero y a su portavoz en el Ayuntamiento y presidente local, Alfonso Novo -acusado de blanqueo, como otros ocho concejales a los que se reclamará el acta cuando se levante el secreto de sumario-. De esta forma, el PSOE valenciano y Compromís anunciaron ayer que apartan temporalmente de sus funciones orgánicas e institucionales a sus cargos investigados. Izquierda Unida, en cambio, mantiene las funciones a su diputada.

En el caso de José Manuel Orengo -que la legislatura pasada era el portavoz socialista en la Diputación-, ejerce como «número tres» de la dirección del PSOE valenciano. En cuanto a Raúl Pardos, es alcalde de Gestalgar. Por su parte, los investigados de Compromís e Izquierda Unida son los vicepresidentes tercero y cuarta de la Diputación -ahora presidida por el PSOE-, respectivamente. Todos los partidos expresaron su confianza en la inocencia de sus respectivos cargos investigados, que previsiblemente tendrán que declarar también como imputados ante el juez si se sigue el procedimiento habitual.

Acusaciones por blanqueo

La Fiscalía Anticorrupción mantendrá las acusaciones en la pieza separada que investiga el supuesto blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia para los 49 investigados, 17 de ellos concejales o exconcejales. Todos ellos siguen imputados tras pasar ante el juez.

Ayer les tocó el turno a los dos exediles Juan Vicente Jurado y Mayrén Beneyto. El primero, que ya apuntó que era el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, quien «movía los hilos», reiteró que si tiene que decir algo más de él, «si lo provoca», lo dirá y aseguró que Grau «mandaba más que Rita Barberá de toda la vida».

Ahora, el proceso lógico pasa por que el titular del juzgado de Instrucción número 18 redacte una exposición razonada para remitir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al encontrarse implicado el diputado Miguel Domínguez, debido a su condición de aforado. En el caso Barberá, la posibilidad de que se alarguen las citaciones a comienzos de marzo condiciona su investigación.