Inmigración
«Tenemos que cuidar a Marruecos y Marruecos a nosotros»
España alaba la «lealtad» de Rabat en inmigración y paga sus peajes, entre otros, la inmigración infantil
«Tratándose de inmigración, es preferible tener de vecino a Marruecos, que al fin y al cabo es un Estado , que a Libia con su avispero terrorista, como le pasa a Italia». La reflexión es común entre los que gestionan el fenómeno migratorio (y las delicadas relaciones bilaterales que conlleva) en el actual gobierno y en el anterior, que también comparten prudencia absoluta y un uniformizado mensaje de agradecimiento a la hora de valorar la «colaboración leal» que el Reino alauí presta en la contención de los flujos que buscan llegar a España. Incluso en momentos como este, en que las pateras salen por decenas de sus costas rumbo a las españolas.
«Nosotros tenemos que cuidar a los marroquíes y los marroquíes a nosotros», explica bajo condición de anonimato un alto cargo ministerial, que subraya que ese país ha dejado de ser de tránsito de subsaharianos para convertirse en sí mismo en casi lugar de destino –«aunque los inmigrantes nunca pierden de vista que su objetivo es Europa», precisa– de modo que Rabat está teniendo que «hacer frente a un problema que no es suyo» y que cada vez exige más y más medios. «No podemos convertir a Marruecos en el malo de la película con respecto a los países de origen, que muchos están viviendo de las remesas», añade la misma fuente, poniendo el dedo en la llaga de los estados africanos de origen, para los que el éxodo europeo de sus propios ciudadanos es todo un negocio.
Es una máxima del relato oficial huir de cualquier comentario que suene a ofensa, a censura o desafío a Marruecos. Si su Monarquía «abre el grifo» de las pateras –expresión que se utiliza en privado en los círculos políticos– para distraer la atención sobre problemas internos, léase la represión en el Rif, o si es en protesta por el reconocimiento del Sahara en materia pesquera o para dejar claro a cada nuevo inquilino de La Moncloa quién tiene la llave de la inmigración, nadie lo dice en voz alta. Ni la oposición.
No hace falta. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha presionado hasta conseguir que Bruselas comprometa 55 millones de euros para abordar la crisis en el Mediterráno, la mitad de los cuales irán «destinados a paliar las circunstancias que se viven en Marruecos», en palabras del ministro de Exteriores, Josep Borrell. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recordó el mismo día que en diciembre ya se hizo un pago de 6 millones a Marruecos para un lote de «equipamiento prioritario».
De las cantidades que España ha pagado o paga a Marruecos nada se sabe y el hermetismo al respecto es el mismo que el que rodea a un secreto de estado. «Menos de lo que que se cree» , respondió a este diario el anterior secretario de Estado de Seguridas, que hace ahoraun año avanzó las intenciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy de replantear a fondo la vulnerable valla de Ceuta para, entre otros, no «depender tanto de Marruecos» a la hora de defender esa frontera.
Pero esa dependencia existe y las dos partes lo saben. Ahora también es más consciente la UE. De ahí que Rabat, en un llamamiento de atención poco habitual, haya alzado la voz esta semana para pedir más. La mirada está puesta en Turquía y en el acuerdo de 2016 por el que se hizo cargo de los refugiados a cambio de 3.000 millones de euros los dos primeros años. En marzo se anunciaron otros 3.000. «Nosotros como país estamos haciendo solos grandes sacrificios con nuestras posibilidades . Las cifras que circulan sobre el apoyo (financiero de la UE) no llegan al nivel del volumen de nuestro esfuerzo y de los sacrificios que realizamos», se quejaba el portavoz del Ejecutivo marroquí, Mustafa Jalfi, en una rueda de prensa que ofreció el jueves. España respalda y está defendiendo esa posición en las cumbres y en los despachos europeos.
Más allá de dinero, nuestro país paga peajes a Marruecos. Uno es el llamado «comercio atípico», el trajín incesante de mercancías compradas en Ceuta yMelilla (ambas fuera del territorio aduanero de la UE) que cruzan la frontera a lomos de los porteadores , lo que para colectivos como la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC)es «contrabando» y supone una explotación para quienes cargan los fardos. Otra factura, –«muy grave», tildan en Interior– es la asunción en España de la tutela de menores marroquíes, que aparecen solos en busca del amparo de nuestro sistema de protección social, educativo y sanitario, que no existe en su país. Son ya más de 7.000 y ha llegado la hora de repensar qué hacer con ellos.
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