El Supremo abre juicio oral contra Meritxell Serret por desobediencia y envía la causa al TSJC
La exconsejera huida, que luego se entregó ante la justicia, no está acusada de malversación, con lo que no se enfrenta a pena de prisión
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha abierto juicio oral por un delito de desobediencia grave contra la exconsejera de Agricultura de la Generalitat Meritxell Serret, una de las huidas junto con Puigdemont tras la efímera declaración de independencia de Cataluña y que hace un año y medio se presentó ante la justicia española. El Alto Tribunal envía la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por ser el órgano competente para su enjuiciamiento, pues, a diferencia de otros de los ya condenados líderes del `procés', no está acusada de malversación de caudales públicos.
En su auto, la Sala recuerda que el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la acusación popular, ejercida por Vox, solicitaron la confirmación del auto de conclusión del sumario dictado por el instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, con fecha 6 de mayo de 2021, y la apertura del juicio oral contra la exconsejera catalana solo por desobediencia.
Tras la apertura de juicio oral por el citado delito, explica que procede, al amparo del artículo 19.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dada la condición de diputada autonómica de Meritxell Serret, y en coherencia con el criterio de la Sala al resolver los artículos de previo pronunciamiento planteados en la causa del 'proces' por otros acusados, «declinar la competencia a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, órgano competente para su enjuiciamiento y al que se remitirá el testimonio de particulares correspondiente».
El 11 de marzo del año pasado, Serret, con una orden de busca y captura vigente desde octubre de 2017, comparecía voluntariamente en el Tribunal Supremo acompañada de su abogado Íñigo Iruín para regularizar su situación. La pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años, por lo que el peor horizonte que afronta no lleva aparejado ninguna pena de prisión.
En su declaración ante el juez Llarena el mes de abril, un mes y medio después de su entrega, Serret sostuvo que las imputaciones que se dirigen contra ella forman parte de una «causa general» contra el independentismo. La excolaboradora de Puigdemont reconoció haber recibido los requerimientos del Tribunal Constitucional y también que asumió «los acuerdos que, como gobierno«, se realizaron »siguiendo ese mandato popular de la mayoría parlamentaria de impulsar el referéndum» de autodeterminación. Sin embargo, apostilló que desde su departamento (Agricultura) «nunca se incurrió en ningún gasto que pudiera ser considerado delictivo».
Noticias relacionadas
